El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay y ONU Mujeres presentaron el pasado lunes el informe Feminicidio en Paraguay 2017-2020. Tras cinco años de la tipificación de la forma más extrema de violencia contra la mujer, únicamente 22 casos recibieron condena.
De hecho, en el informe se señala que hasta diciembre de 2020 se cometieron 130 femicidios consumados en el país y 54 en grado de tentativa, según datos del Ministerio Público. En cambio, en el Poder Judicial existen en trámite 92 expedientes por feminicidios consumados y 83 en grado de tentativa.
De los 22 casos que recibieron sentencia por el hecho punible de feminicidio, la condena más severa establecida fue de 30 años más 5 años de medidas de seguridad, entretanto la más benigna fue por 20 años.
Con relación al vínculo entre víctima y feminicida, la totalidad de estos eran de tipo íntimo: esposos, parejas o exparejas sentimentales. En cuanto a antecedentes de violencia, a excepción de dos casos, en todos se registraron hechos violentos anteriores.
Al analizar los datos, se puede determinar que solo el 23% de los casos que fueron catalogados como feminicidio recibieron condena.
Entre los obstáculos para alcanzar la sanción, Marcella Zub, quien elaboró el estudio, explicó que “lamentablemente, uno de los problemas es que no contamos con un registro unificado de casos de violencia.
Las distintas instituciones públicas reportan datos diferentes. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en cuatro años (2017-2021) reportó 185 casos, el Ministerio Público unos 130 y en el Poder Judicial figuran 92 expedientes en trámite por feminicidio”.
En esta misma línea, la especialista señaló que en algunos casos el agresor se suicida después de asesinar a la mujer y, si bien se abren investigaciones fiscales sobre estos hechos, no se comunica al Poder Judicial sobre la existencia de los mismos al no haber una imputación.
“Otro de los problemas reiterativos es que a muchos casos que empiezan como feminicidio les cambian la carátula a homicidio, porque la pena es menor. Acá entra a operar el tema de la defensa del victimario. Muchos casos que en realidad son feminicidios, reportados como feminicidios, terminan siendo investigados como homicidios”, refirió.
Según Zub, un proceso penal generalmente dura en promedio cuatro años por lo que, si el feminicidio fue tipificado en el 2017, se verán las sentencias recién entre 2021 y 2022.
Además, a esta realidad se suma la violencia estructural que viven las mujeres en el sistema judicial, de parte de los operadores de justicia, los jueces, los fiscales y los defensores públicos. “Es importante fortalecer ahí la formación y la capacitación de estos funcionarios para que esto no se repita”, afirmó.
Desde su promulgación, la ley 5777/15 contribuyó a brindar mayor visibilidad al fenómeno de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con la especialista, Por este motivo, Zub mencionó que con los registros de datos que se obtuvieron a partir de la implementación de la legislación se podrá comprender las causas que provocan estos hechos y adoptar en un futuro políticas públicas para la prevención, atención y protección de las víctimas.
