Durante la mañana de ayer, se reunió la mesa directiva en el Senado. Uno de los puntos que abordaron fue la situación de Martín Arévalo, senador nacional por la ANR.
El mismo fue denunciado por tráfico de influencias por Julio Fernández, titular de Aduanas, la semana pasada.
Gilberto “Tony” Apuril, senador nacional por Hagamos, informó que los senadores demostraron mucha cautela en sus expresiones sobre el legislador de la ANR.
En otras palabras, ninguno de los líderes de bancada expresó abiertamente estar a favor de la expulsión del acusado.
COMISIÓN
El análisis de la denuncia estará a cargo de la Comisión Anti contrabando creada hace 15 días. La misma aún no tiene presidente. Arnaldo Franco, senador de la ANR e integrante del equipo adelantó que trabajarán para esclarecer la cuestión.
Sobre el punto, Apuril expresó que esperarán el dictamen de esta comisión para saber si impulsarán una pérdida de investiduras o un voto censura para Julio Fernández.
“Cada senador puede dar su opinión. Es importante que esto se aclare lo antes posible. Nos hace perder tiempo. Debemos estudiar muchas normas”, señaló.
Se espera que hoy o mañana, el senador pase a dar una declaración minuciosa a los legisladores.
CONFERENCIA DE PRENSA
Julio Fernández, titular de Aduanas, denunció ante el Ministerio Público al senador Martín Arévalo por tráfico de influencias. El legislador supuestamente había pedido que Miguel Ángel Medina y Luis Pereira, ambos funcionarios de Aduanas pasen a ocupar direcciones.
Además, lo acusa de haber intermediado para liberar un cargamento de artículos electrónicos decomisados. El valor total del cargamento ronda los US$ 3 millones y pertenece al ciudadano árabe Ahmad Khalil Chams.
Debido a esta situación, Arévalo, brindó una conferencia de prensa en el Senado en la mañana de ayer. El motivo fue dar su versión de los hechos. Acusó a Julio Fernández, titular de Aduanas de querer instalar un tráfico de influencias.
“Le pedí que le atienda a dos funcionarios antiguos de Aduanas. Es una intimidación que me quiere hacer correr con la vaina y no lo va a conseguir”, comentó.
El legislador señaló que el 25 de agosto denunció un robo escandaloso en Aduanas. Esto, fue lo que habría motivado a Fernández presentar la denuncia en su contra.
“A mí no me interesa el ciudadano árabe (Ahmad Khalil Chams). Lo que investigo es el robo en la Aduana. Por lo dicho del director fue un comando que asaltó en un predio que él administra. Aduanas alquiló el lugar, por lo tanto, es responsable el director”, señaló.
El valor de la mercadería era de US$ 3 millones. Pero, si era comercializada en el país, la suma iba a ascender a los US$ 6 a 7 millones.
OPERATIVO COMANDO
El cargamento incautado fue robado por un comando armado según Fernández. Esto fue desmentido por el legislador. Acusó al alto funcionario público de estar involucrado con la desaparición del cargamento.
“El comando entró sin denotar ningún balazo. No hubo heridos. Con un container llegaron y simplemente llevaron las mercaderías. Quiere hacernos creer que fue un operativo comando. El Estado perdió casi US$ 3 millones”, señaló.
Denunció que Fernández quiere involucrarlo como amigo del empresario árabe.
“Acá hay un arreglo entre el director y las personas que llevaron la carga. Es grave porque la mercadería se ofreció luego a los dueños. Fue un supuesto asalto de comando, pero ofrecen lo robado a los mismos dueños. Yo me escandalice. Lo que pasó fue que ellos compraron directamente de aduanas”, comentó.
Según las leyes vigentes, Aduanas solo puede vender sus productos por tres vías; concurso de precio, licitación y remate.
“Hay un hueco en la Constitución Nacional cuando se dice que es el uso indebido de influencias versus el tráfico de influencias. La figura política es la primera que no está tipificada jurídicamente. Involucran aspectos como presunto contrabando. Presuntos asaltos a contenedores, presuntas falsificaciones. Hay muchas cosas”, manifestó.
Señaló que van a considerar en bancada todo el aspecto político y resolver algo. Además, resaltó que están en un momento donde se desarrolla una batalla política en el propio Partido Colorado y todo entra cuando se trata estas cuestiones.
“Hay unos huecos en lo que hacen referencia a la pérdida de investiduras que no se ajustan a lo jurídico sino a lo político. Las expulsiones se constituyen en cuestiones políticas. Más allá del concepto que tenemos de una persona podemos establecer los debidos procesos y debidos posiciones”, culminó.
