Martín Arévalo, Jorge Querey y Salyn Buzarquis, presentarán en la fecha un proyecto de declaración que reitera un pedido de informes al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Con esto, los legisladores buscan conocer pormenores sobre el cumplimiento (o no) de la empresa explotadora del juego de la quiniela (TDP SA) a las leyes 1016/97 y 4392/2011 referente a los premios no reclamados o no retirados por parte de los ganadores en un plazo de sesenta días (60) desde el sorteo.
Según las mencionadas leyes ese dinero debe ir a entidades de beneficencia y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) del Ministerio de Salud.
Así también el informe busca conocer si la empresa TDP SA desde el año 2015 hasta el presente estuvo (o no) pagando de forma anual en estos conceptos.
Martín Arévalo, senador nacional por el oficialismo, informó que la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar) no ha respondido aún al primer pedido de informes. Cabe recordar que ya a mediados de septiembre se le había solicitado al ente público dar detalles sobre el destino de los premios no reclamados. Sin embargo ya pasaron dos meses sin respuesta alguna.
“La comisión envió una respuesta pero está incompleta. No responde a todas las cuestiones solicitadas, por lo que le reiteraremos el pedido”, señaló.
REVER ESTA SITUACIÓN
El pasado 4 de octubre, la Conajzar anunció que otorgaba la licencia del juego nuevamente a TDP SA. Esto, a pesar de las irregularidades que posee.
Arévalo sostuvo que a simple vista se nota que no fue transparente esta licitación. Y que la única responsable de esta situación es la misma comisión.
“Veremos la forma de rever este error que se cometió”, señaló.
PROYECTO DE LEY
Arévalo como Querey están trabajando en un proyecto de ley para que Contrataciones Públicas intermedie en el proceso de adjudicaciones de la Conajzar. Esto luego de la poca transparencia que caracterizó a la última adjudicación.
Cabe recordar que la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP) reconoció a través de un comunicado no estar cumpliendo con los pagos establecidos por la ley. Sin embargo, de forma llamativa la Conajzar vuelve a adjudicarla con la explotación del juego por los próximos cinco años.
El argumento del ente público es que la oferta mayor en términos económicos fue la de TDP SA a diferencia de la otra oferente el consorcio B Gaming SA – Gambling SA. Sin embargo, la ganadora no está cumpliendo con los pagos que por ley debe hacer a entidades de beneficencia.
En concreto TDP SA ofreció el 19,60% de las ganancias de forma mensual. Mientras que el consorcio ofreció el 15,51%. En números esto sería unos G. 11.100 millones por parte de la primera y G. 8.840 millones por parte de la segunda. Atendiendo que la facturación mensual para la empresa que explota la quiniela es de G. 57.000 millones.
Este fue el argumento de la Conajzar para darles nuevamente la adjudicación. Sin embargo, a pesar del monto mayor, TDP SA no está cumpliendo con los pagos establecidos por la ley.
DOS PAGOS
TDP, a través de un comunicado publicado a inicios de septiembre, explicó que desde el 2015 hasta la fecha aportó al Estado US$ 67,4 millones (G. 471.800 millones).
Esto fue destinado a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), en segundo lugar a municipios y en tercer lugar a gobernaciones. Todos recibiendo el 30% del total cada uno. Finalmente el 10% restante al Fisco.
Sin embargo, esto solo constituye los cánones que debe pagar la empresa. Además de esto, las leyes mencionadas al inicio de la nota obligan a la firma a que done los premios no reclamados. Se estima que son alrededor de US$ 6 millones por año desde el 2015.
Finalmente lo que los legisladores solicitan es que la Conajzar dé una explicación del destino que hoy tienen estos recursos.
