El pleno de la Cámara de Senadores en su última sesión del periodo legislativo julio 2019 – junio 2020, postergó el análisis del proyecto de Ley que plantea recortes de los gastos superfluos del Estado, conocido como “proyecto Godoy”. La iniciativa no contaba con dictamen de las comisiones.
El proyectista, senador Sergio Godoy (ANR) solicitó que el pleno se convierta en comisión para que pueda dictaminar respecto al proyecto y luego estudiarlo, sin embargo no se consiguieron los votos necesarios por lo que fue postergado.
Cabe mencionar que existen dos versiones de la iniciativa, una aprobada por la Cámara Alta y otra por Diputados. Los senadores deberán ratificarse en su versión o aceptar la de la Cámara Baja.
Uno de los cambios más notorios que introdujeron los Diputados es que si bien establece que los salarios en la función pública ahora ya no podrán ser superiores al del presidente de la República, es decir, G. 37 millones (17 salarios mínimos), las entidades binacional Itaipú y Yacyretá quedarán excluidos de este punto.
La legisladores habían argumentado que el salario de las binaciones no se pueden tocar ya que atenta contra la pirámide de Kelsen que establece que primero están los tratados y luego las leyes.
Así también, otro de los cambios que habían hecho al proyecto original fue eliminar el artículo que limitaba a dos la cantidad de viajes al año que podían realizar los funcionarios.
Cabe mencionar que la iniciativa establece que las autoridades públicas de rango superior podrán incorporar a las instituciones a su cargo, en carácter de colaboradores, hasta un máximo de tres asesores remunerados, quienes siempre durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades.
Así también, además de reducir los altos salarios, la Ley estipula la eliminación del seguro médico para la máxima autoridad. Asimismo, de la provisión de combustibles, salvo su utilización para actos y eventos oficiales y aquellos derivados de su función o cargo.
Así como la adquisición de servicio de telefonía celular para todo funcionario público y autoridad pública de rango superior. También la provisión de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, presentes o tarjetas de felicitaciones y de invitación para recepciones o eventos.
Por otro lado, limita la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos Organismos y Entidades del Estado (OEE) y entidades binacionales, que ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, para publicación de edictos, llamados a licitaciones.
Además, elimina las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo, o algún tipo de gratificación en concepto de trabajo desempeñado, entre otras medidas.
