El Senado aprobó sin modificaciones la reforma del transporte público enviada por Diputados y ahora la decisión final queda en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá promulgarla o vetarla. La discusión llega en un clima tenso: los gremios de choferes convocaron una huelga para el 16 y 17 de diciembre, denunciando que la nueva ley recorta derechos laborales.
La normativa declara al transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones por interrupciones y obligando a garantizar al menos el 60% de los buses en circulación durante un paro, un requisito más estricto que el planteado originalmente.
También se amplía la obligación de los nuevos concesionarios: deberán contratar a todos los trabajadores del operador saliente con dos años de antigüedad, ya no solo a los choferes. La senadora Celeste Amarilla cuestionó que la medida elimina evaluaciones de idoneidad y reduce el margen de gestión empresarial.
La reforma redefine el área metropolitana, incorpora distritos de Cordillera y Presidente Hayes, y fija concesiones de entre siete y quince años con evaluaciones periódicas. Además, establece pagos puntuales a las concesionarias a través del billetaje y elimina la exoneración del tributo municipal. El plazo de prescripción de deudas baja a dos años.
En su versión final, el proyecto plantea un rediseño completo del sistema: el Estado será dueño de los buses, que serán priorizados de bajas o cero emisiones. Las líneas actuales desaparecerán y serán reemplazadas por grandes unidades funcionales con integración tarifaria. La operación será licitada por zonas y el financiamiento se canalizará mediante un fideicomiso administrado por la AFD.
Periodista Senior