Édgar Giménez, ex viceministro de Salud y máster en Salud Pública, aseguró que se debería reducir el gasto de bolsillo en salud a menos del 20%. Actualmente, en Paraguay, el 45% de ese gasto es atendido por el propio enfermo o sus familiares, una cifra muy elevada según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Agregó que lo ideal sería aumentar el gasto estatal en salud a un 6% del producto interno bruto (PIB).
«Una de las lecciones que nos enseña la pandemia es que si la relación Estado-empresa proveedora de medicamentos se limita exclusivamente a comprador-vendedor es una relación insuficiente para la emergencia. Creo que como país necesitamos hacer alianzas regionales y pensar en un complejo productivo para la salud, con un pensamiento estratégico», apuntó.
A criterio de Giménez, el Ministerio de Salud debería regular el precio de una veintena de medicamentos de alto costo, con protocolos de tratamiento. Recordó que los sistemas privados no logran proteger a la población contra gastos catastróficos o empobrecedores y que tienen mejores resultados los sistemas públicos.
Indicó que se deben tener claras las metas de políticas públicas, y que si bien la calidad del gasto es importante no es suficiente, y que debe existir un acuerdo de dónde saldrá el dinero para financiar al sistema sanitario, señalando que con la modernización tributaria no se podrá lograr, por lo cual una alternativa puede ser la extensión de la seguridad social mejorada o un seguro público de salud.
Asimismo, considera que debe duplicarse el impuesto al tabaco, debido a que anualmente se destinan G. 1,5 billones a atender a personas enfermas por tabaquismo, pero apenas se recauda un quinto en concepto de impuestos a este producto.
La pandemia demostró la necesidad que existe no solo de una mayor inversión en salud, sino de que ésta deba ordenarse y se mejore la calidad del gasto. Pero ello implica también determinar de dónde saldrán los recursos para financiar la inversión sanitaria.
Lejos de la realidad está creer que la pandemia ya pasó, pues podría darse que una nueva ola golpee nuevamente con la variante delta en los próximos meses. Para debatir sobre el sistema de salud, Desarrollo en Democracia (DENDE) reunió, además al doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud del Ministerio de Salud Pública; y el economista, ex titular de la Secretaría Técnica de Planificación y ex presidente de IPS, Hugo Royg, quienes coincidieron en que el Ministerio de Salud debe contar con los recursos para hacer frente a la pandemia del Covid-19, que aún continua vigente, manteniendo la capacidad de los hospitales, además de integrar a los diferentes sectores del sector.
DEBATE
El viceministro Hernán Martínez señaló que lo ideal es contar con USD 955 millones adicionales a lo destinado al Ministerio de Salud en el proyecto del Presupuesto 2022, para sostener lo realizado hasta el momento y asegurar inversión en infraestructura en instituciones hospitalarias que no reciben fondos hace 30 años, en algunos casos. Esto implicaría duplicar el presupuesto de Salud, lo cual resulta imposible dadas las condiciones actuales.
Expresó que actualmente el 60% de la población meta vulnerable está vacunada y la meta del Ministerio de Salud es llegar al 80%. Lamentó que el 38% de las personas mayores de entre 50 y 55 años no está vacunada, debido a que son los que requieren internación y se ven mayormente afectadas por el virus. Insistió en que la prioridad de la cartera sanitaria es asegurar vacunas para el próximo año.
Por su parte, el ex titular de IPS, Hugo Royg, considera que debe separarse el sistema de salud y el de jubilación del ente previsional, integrar los servicios de salud, contar un seguro mínimo obligatorio para todos, complementado con Unidades de Salud Familiar (USF) en todo el país, además de reglamentar la canasta básica de servicios.
Asimismo, resaltó que se debe contar con un fondo específico para enfermedades graves, que si bien está legislado carece de recursos por lo cual no se implementa.
«Tenemos que profundizar el mayor alcance de la cobertura, tener beneficios definidos y tener una cobertura o un fondo específico para los problemas más graves», añadió.
No obstante, refirió que para alcanzar esta meta se necesita una reforma de las normas sanitarias.
Alberto Acosta Garbarino, titular de DENDE, habló por su parte del desafío de sostener la inversión sanitaria realizada hasta el momento en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022 y 2023.
«Hemos recibido donaciones y la pregunta es cómo vamos a financiar lo que hemos recibido en 2020 y 2021», alertó. También mencionó que el sistema de salud no integrado requiere una reforma profunda, ya que, así como está, además de no satisfacer las necesidades de la gente es extremadamente costoso. «Creo que un sistema nuevo es fundamental para darle a la gente una vida digna», sostuvo.
Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, refirió que hay que enfrentar los intereses que están en juego en materia de salud y que hay mucho por hacer en cuanto al sistema de funcionamiento del sector sanitario, particularmente en el tema de rectoría, provisión de un servicio de calidad, atención preventiva y financiamiento sostenible del sistema.
