No nos estamos refiriendo a la pandemia, su manejo desde Salud Pública y las esperanzas que despierta la posibilidad de contar pronto con una vacuna. Este es un capítulo que depende en parte de la gestión de Gobierno pero mayormente del impredecible genio del virus y del comportamiento de la población.
La pregunta del titulo se refiere al impacto producido por una política que ha sido vaciada de contenido y convertida en un guante a medida de intereses personales. La codicia, el desenfreno, el afán por el poder y cómo mantenerse indefinidamente en él han reemplazado la vocación de servicio y de bien común que, al menos en teoría, debería caracterizar a quienes se llaman a si mismos políticos.
Veamos lo que tenemos. El Estado ha sido tomado por asalto y convertido en agencia de empleos para la colocación de paniaguados movilizables en cada elección interna o general. Cada cacique o caciquillo es catalogado por su poder de colocación de “activos” electorales. “Ese tipo maneja 300 cargos” se rumorea en los cenáculos partidarios. Eso significa 300 rubros presupuestarios. Un porcentaje de ese dinero va directamente a la “caja chica” del jefe de campaña o aspirante a cargo electivo. Allí se va la mayor parte de los impuestos que paga el ciudadano.
La “caja grande” son las licitaciones públicas, cuadriculadas y loteadas entre una docena de apellidazos de campanillas (y algunos plebeyos también) para quienes son dibujadas, una tras otra, las compras más voluminosas del Estado: medicamentos e insumos para hospitales, vehículos para ministerios, pasajes aéreos, servicios VIP de salud, combustibles, catering, etc. Porque como es sabido, a los funcionarios de jerarquía del Estado paraguayo no solo se les paga un sueldo sino que además hay que echarles de comer, pagar la educación de sus hijos y, ante tan abrumador año de trabajo, costearles también sus vacaciones preferidas.
Esta es la radiografía de un Estado pobre que gasta como rico. Elites jerárquicas y sindicales enviciadas con plus, extras, complementos y premios salariales que se han ido autoasignando con el tiempo convirtiéndolos en “derechos adquiridos”.
¿Es viable este modelo? En absoluto. Vamos directamente a la quiebra si no hay una verdadera reforma del Estado que comience por racionalizar gastos y redefinir objetivos.
O no salimos de esta.
