La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana un proyecto que hace viable la privatización de la mayor empresa del sector eléctrico en América Latina. Señalan que es para fortalecer sus recursos sociales.
Por un total de 258 votos a favor y 136 en contra, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana el proyecto de privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, impulsado por el presidente Jair Bolsonaro.
Esta situación llamó la atención a nivel local por su alta relación con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la distribución de energía de Itaipú. Sin embargo, de acuerdo con lo que explicó el ingeniero Fabián Cáceres, especialista en temas energéticos, esto no tendrá incidencia en nuestro país.
“Lo que va ocurrir en caso de aprobarse es que va pasar a ser dueño este conglomerado de capital privado, pero las usinas de Itaipú continuarán en manos del Estado. Se va a crear otro ente que no sea Electrobras, que va ser co-propietario de Itaipú con al ANDE y va continuar de la misma forma”, señaló Cáceres.
Le consultamos también si esto ya tiene que ver con alguna maniobra de cara a la renegociación del tratado de Itaipú prevista para el 2023.
Consultado sobre si esto se trataría de una maniobra de cara a la renegociación del Anexo C, Cáceres refirió que la propuesta ya estaba fuerte desde el Gobierno anterior y que actual mandatario sólo dio continuidad al llevarlo al parlamento.
Añadió que el proyecto tiene que superar aún un largo trecho y varias modificaciones antes de ser elevado al Poder Ejecutivo. Recordó que Electrobras es una de las 4 empresas más grandes de Brasil.
“El Gobierno lo que quiere es hacerse de caja con eso, esa plata que va ingresar va usar para sus fondos sociales. Hay un interés social, hay una discusión muy grande dentro del Brasil porque el Gobierno dice que esto va permitir bajar la tarifa, pero hay una crítica de la gente que maneja el sector eléctrico que dice que eso es imposible, que al contrario, la tendencia es que la tarifa aumente por la cantidad de nuevos actores”, expresó.
De acuerdo con los informes del vecino país, la privatización se realizará mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de que la participación estatal en el capital de Eletrobras caiga del 51,8% al 45%. El Estado conservará pese a todo un poder de veto (‘golden share’) en decisiones estratégicas.
Según el Gobierno de Brasil, el proceso de capitalización pretende concretar ingresos por casi US$ 12.000 millones. El aval definitivo del Congreso se produjo casi al límite del plazo máximo para su aprobación, pues el texto fue presentado por el gobierno en la forma de “medida provisional”, una suerte de decreto que requiere el apoyo de los legisladores y tiene validez de tres meses y que acababa hoy.
