La reforma busca reducir costos judiciales y simplificar procedimientos, reabriendo el debate sobre acceso a la justicia familiar.
La Cámara de Senadores analiza una modificación al artículo 5 de la Ley N.º 45/91 de Divorcio Vincular, una iniciativa impulsada por la senadora Lilian Samaniego que pretende agilizar los procesos de separación por mutuo consentimiento. La propuesta permitiría, bajo determinadas condiciones, reducir costos y trámites judiciales, generando un debate sobre acceso a la justicia, seguridad jurídica y modernización de los procedimientos familiares.
¿Qué cambios plantea el proyecto que estudia el Senado?
La iniciativa modifica el artículo 5 de la legislación vigente para establecer un procedimiento más simplificado en los casos donde exista acuerdo pleno entre ambas partes. Según la exposición realizada ante el Senado, el objetivo es facilitar la disolución del vínculo matrimonial cuando no existan controversias patrimoniales ni conflictos relacionados con hijos menores.
El proyecto mantiene la intervención judicial, pero introduce mecanismos destinados a reducir tiempos procesales y costos asociados al trámite. Entre los cambios estudiados figura la posibilidad de que los cónyuges soliciten conjuntamente el divorcio sin patrocinio de abogado en los casos de mutuo consentimiento.
Desde las comisiones asesoras se recomendó aprobar la propuesta con modificaciones, incluyendo ajustes vinculados a las audiencias que deben realizarse durante el procedimiento.
¿Cómo funcionaría el procedimiento de divorcio simplificado?
El dictamen elaborado por las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, así como de Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, propone que las audiencias requeridas se desarrollen en una misma jornada.
La primera audiencia tendría como finalidad procurar la reconciliación de los cónyuges. Si no existiera posibilidad de recomponer la relación, se celebraría inmediatamente una segunda audiencia para que ambas partes ratifiquen su decisión de divorciarse.
Los promotores sostienen que este esquema permitiría reducir cargas administrativas y agilizar procesos que actualmente pueden extenderse durante meses, especialmente cuando no existen disputas entre las partes.
¿Quiénes podrían acceder al nuevo mecanismo?
La propuesta está orientada exclusivamente a casos de divorcio por mutuo consentimiento. Según las explicaciones brindadas por la proyectista y por integrantes de las comisiones, los procesos que involucren bienes gananciales, hijos menores o controversias jurídicas continuarían requiriendo intervención profesional y procedimientos judiciales ordinarios.
Los impulsores argumentan que el cambio beneficiaría especialmente a sectores con menores recursos económicos, que muchas veces encuentran barreras financieras para formalizar una separación ya consolidada en los hechos.
Entre los puntos destacados también figura la intención de eliminar determinadas tasas y aranceles judiciales para los casos comprendidos dentro del nuevo régimen.
¿Qué impacto institucional tendría la reforma?
Más allá del ámbito familiar, la discusión se inserta en un debate más amplio sobre el acceso a la justicia y la modernización de procedimientos estatales. Diversos sectores sostienen que la simplificación de trámites puede contribuir a descongestionar el sistema judicial y reducir costos operativos para el Estado.
Desde la perspectiva institucional, el proyecto también pone sobre la mesa la necesidad de adecuar otras normativas relacionadas con la organización judicial para garantizar coherencia legal en caso de aprobarse la reforma. El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, señaló que sería necesaria una modificación complementaria al Código de Organización Judicial.
El tratamiento legislativo ocurre además en un contexto donde distintos organismos públicos buscan avanzar en procesos de digitalización y simplificación administrativa, considerados factores relevantes para mejorar la percepción de eficiencia institucional y fortalecer la seguridad jurídica.
¿Qué definirá ahora la Cámara de Senadores?
El proyecto figura entre los temas prioritarios del orden del día y deberá ser sometido a votación en el pleno de la Cámara Alta. Las modificaciones introducidas por las comisiones servirán como base para el debate parlamentario.
La decisión del Senado determinará si Paraguay avanza hacia un esquema más simplificado para los divorcios consensuados o mantiene el modelo procesal vigente. Más allá de su alcance específico, el resultado será observado como un indicador de la capacidad del sistema político para introducir reformas orientadas a reducir burocracia, ampliar el acceso a la justicia y modernizar procedimientos que impactan directamente en la vida de miles de ciudadanos.
Periodista Senior