El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad (FPCI), integrado por una multibancada de la Cámara Baja, socializó su nuevo anteproyecto de ley que busca evitar el conflicto de intereses en la función pública.
El proyecto de ley “Que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, amplia la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública” buscará fortalecer la labor parlamentaria tomando como fundamento los compromisos internacionales en materia de corrupción.
El proyecto fue socializado en las redes sociales a lo largo de la semana. Uno de los expositores fue Hugo Estigarribia, exsenador nacional y abogado constitucionalista.
El político expresó que el objetivo del proyecto de ley es aumentar la transparencia en la función pública. Esto al definir, prevenir y sancionar el conflicto de intereses.
“Estamos introduciendo una figura nueva. El conflicto de intereses es donde el interés en el sector privado puede ser contrario y puede interferir a los intereses públicos”, explicó.
Esta ley se le aplicara a todo aquel que reciba salarios remuneraciones o recursos públicos por elección o nominación del Ejecutivo, del Legislativo o de la Corte Suprema de Justicia. Incluso esto puede afectar a los altos funcionarios de las binacionales.
En cuanto a las fuerzas del orden, esto afecta a militares desde el grado de coronel de Ejército o su equivalente en otras armas y servicios. Así como a policías desde el grado de comisario principal. Y también a embajadores, ministros, consejeros y cónsules del servicio diplomático.
Uno de los puntos más importantes del documento es que el funcionario público en cuestión deberá hacer una declaración jurada de intereses, en varias oportunidades mientras permanezca en sus funciones.
El principal aspecto que propone la ley es que el funcionario público que posea acciones en alguna empresa proveedora del Estado, deberá renunciar a las mismas. Y tendrá 120 días para hacerlo desde el momento de que asuma el cargo.
DECLARACIÓN JURADA
En cuanto a las declaraciones juradas de intereses, deberán presentarse a los 30 días de haber asumido la función pública. Así también al cumplirse un año deberá ser renovada. Y en los 30 días posteriores a cuando haya dejado el cargo, una última vez.
El detalle es que esta declaración debe contener la lista de personas que son familiares hasta el primer grado de consanguinidad y afinidad. Así como del cónyuge o conviviente. Esto para conocer no solo los intereses del funcionario en cuestión sino también de su grupo familiar.
ÁVALOS MARIÑO
Otro de los oradores fue Jorge Ávalos Mariño, diputado nacional e integrante mismo del frente anticorrupción. El legislador señaló en primer lugar que confía en que la Contraloría General de la República (CGR) tiene la capacidad para hacer seguimientos efectivos. Esto ante la desconfianza que el ente público pueda hacer los controles.
“Además la ciudadanía misma podrá acceder a las declaraciones juradas. Esto brindará y facilitará que se alcancen los objetivos”, explicó.
Cabe recordar que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) deberá trabajar en forma conjunta con la CGR en el análisis de las declaraciones que deberán entregar los funcionarios públicos una vez el documento sea aprobado.
El proyecto de ley aún no fue socializado. Recién cuando todas las bancadas tengan el documento y la hayan analizado con tiempo, será puesta a consideración del pleno para su aprobación o rechazo.
