Autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron ayer la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público, para que investigue la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades del grupo criminal denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La denuncia penal del Ejecutivo se da tras la aparición de evidencias que indican que niños y adolescentes son reclutados y utilizados por el mencionado grupo criminal, y luego de que dos niñas fallecieran en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, en Yby Yaú, Concepción.
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa de la que participaron Sergio Coscia, procurador General de la República; Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, y Edgar Olmedo, titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
El Estado solicita la identificación y rescate de los menores de edad que son utilizados para ser parte de grupos criminales. En este sentido, Sergio Coscia, expresó la preocupación del Gobierno paraguayo en relación a las evidencias encontradas en un campamento del EPP, tras el enfrentamiento ocurrido días atrás Yby Yaú.
Coscia dijo que las pruebas que fueron recabadas por las fuerzas del orden “demuestran claramente que este grupo criminal está incorporando dentro de sus filas a menores de edad”. Agregó que se iniciarán acciones para proteger a los niños y niñas, ya que según las evidencias se registran nacimientos en los campamentos e incluso son sometidos en contra de su voluntad para cometer actividades criminales.
Por su parte, Teresa Martínez, Ministra de la Niñez y la Adolescencia señaló que “los delitos en que se configuraría son: tráfico ilícito, captación de niños para trabajo forzoso y posible explotación de niños y violación de reglas de adopción, También tenemos una situación de posible captación de indígenas para trabajo forzoso”, dijo.
Martínez dijo que con esta denuncia y ampliación, pretenden que aparte del grupo criminal, que se está investigando en distintas instancias por los distintos hechos que cometieron-, se dé un énfasis especial a la investigación de la situación de niñas, niños y adolescentes que puedan estar en ese lugar y por separado de lo que es el orden público.
“Esperamos que esta acción conjunta con la Procuraduría General y el Indi, pueda darle la mayor agilidad y el impulso posible, porque no podemos seguir permitiendo que esta sea una realidad para los niños de cualquier origen; ningún niño tiene que estar en poder de un grupo criminal; ningún niño puede ser convertido en un criminal por grupos que persiguen sus propias aspiraciones”, añadió
Por su parte, el titular del Indi, Edgar Olmedo, sostuvo que intervendrán a fin de poder facilitar todos los datos necesarios para la investigación, e indicó que trabajarán en la identificación de las comunidades indígenas, que se encuentran en las áreas operativas de este grupo criminal.
“Esperamos poder llevar adelante intervenciones y realizar diagnósticos personalizados, con los líderes de las diferentes comunidades, a fin de poder acceder a mayor información que pueda facilitar los procesos investigativos”, refirió.
Por último dijo que lamentan estos hechos y que abogan y envían un mensaje claro que el grupo criminal pueda devolver a los niños y a los Indígenas a sus comunidades, para que ellos puedan llevar de nuevo una vida normal.
