El informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda ilegal de Itaipú, que se genera como consecuencia de la reducción de la tarifa de la energía cedida al Brasil desde el año 1985 a 1997, sigue generando un fuerte debate al momento que se exige que los responsables directos paguen judicialmente por sus actos.
La diputada nacional por Patria Querida y ex fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Rocío Vallejo, indicó que el informe detalla hechos catalogados como lesión de confianza, pero que sin embargo, las normativas legales nacionales sitúan estos hechos a ser investigados como causas prescriptas.
“Hay que ser responsables y no crear falsas expectativas, queremos que paguen por sus culpas pero nosotros vivimos en un estado de Derecho y tenemos normas procesales, penales, disposiciones que tenemos que cumplir nos guste o no”, expresó la diputada Vallejo a la 780 AM.
El informe de la Contraloría menciona que la deuda ilegal se origina entre 1985 y 1997, y tiene como responsable a directores generales de Itaipú del lado paraguayo, que fueron designados por el dictador Alfredo Stroessner Matiauda, y los presidentes Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy, ya en era democrática. Los señalados son los exdirectores Enzo Debernardi, Fidencio Tardivo, Salvador Óscar Gulino y Miguel Jiménez Boggiano.
La Contraloría General de la República detalla que hasta el año pasado, la deuda ilegal asciende a US$ 4.193 millones.
En medio de esta situación coyuntural, la Fiscalía General del Estado anunció la conformación de un Equipo Especial para investigar hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial. Los agentes fiscales designados son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.
“Me quedo muy expectante sobre qué van a investigar, porque si hablamos de hechos de perjuicio patrimonial, que es lo que dice el informe de la Contraloría y que están en el Código Penal, todos prescriben a los cinco años”, confesó la diputada Vallejo, quien indicó que esta posición es técnica, no por una cuestión de no querer que los responsables paguen sus deudas con el país.
Por su parte, el abogado penalista, senador colorado y presidente de la Comisión Nacional de Revisión del Anexo C de Itaipú, Enrique Bacchetta, valoró el trabajo de la Contraloría, porque evidencia un daño patrimonial muy grande provocado al Estado paraguayo.
“Debemos de ir determinando quiénes son los responsables de estos hechos punibles. Evidentemente por el tiempo que transcurrió, a lo mejor muchas de estas personas no van a poder ser investigadas por la prescripción, pero lógicamente todo ese tipo de cuestiones se van a tener que analizar con profundidad, por eso es muy importante la participación de la Fiscalía General del Estado y también de la Procuraduría General de la República, porque el procurador tiene como función ser el custodio del patrimonio del pueblo paraguayo”, dijo el senador colorado.
En tanto que su colega del Frente Guasu, Carlos Filizzola, indicó que se deben buscar los mecanismos para que estos hechos no queden, como tantos otros, en la impunidad absoluta.
“Yo califico lo que se hizo como una traición a la Patria, no hay que calificarlo de otra manera. Se traicionó a la Patria, y se tienen nombres y apellidos, no puede haber impunidad, y acá hay que arbitrar todos los medios, las instituciones que corresponde investigar deben de llevar a profundidad esto”, refirió Filizzola.
En ese sentido, el abogado penalista Guillermo Ferreiro indicó que existen interpretaciones sobre la prescripción de los hechos punibles con lo que se buscará avanzar en el proceso, aunque pueden ser forzadas.
“En principio sí prescribió. Hay una interpretación que el hecho punible se computa desde la última consecuencia del hecho punible, y si consideramos cada pago por año desde 1985, se llaman delitos o hechos punibles de acción continua. Por ejemplo el secuestro, que se da la computación cuando se libera a la víctima, porque cuando se le tiene secuestrado se sigue cometiendo el delito. Es una interpretación forzada, porque de lo contrario no prescribiría nada”, indicó el profesional del Derecho.
Para Ferreiro, la Fiscalía daría una interpretación de hechos punibles de acción continua para promover imputaciones como parte de la investigación de la deuda ilegal de Itaipu. Remarca que es “técnica la discusión, pero para un abogado penalista le fuerza un poco esa idea”.
REIVINDICACIÓN Y RESARCIMIENTO
Para el senador Hugo Richer, el resultado del examen de la Contraloría General de la República sobre la deuda que se atribuye a la Itaipú Binacional es lo más importante del año. Recordó que muchos compatriotas denunciaron la deuda ilegal hace muchísimo tiempo, y exigió que el proceso que inicie la Fiscalía debe ser amplio.
“La investigación del Ministerio Público debe de llegar hasta hoy, y eso es lo que debemos exigir, de lo contrario quedaría como alguno ya dijo que la línea de tiempo hace que esto quede impune. Estas investigaciones tienen que llegar hasta hoy”, remarcó Richer.
Refirió que esto debe de ser catalogado como una causa nacional, un hecho histórico que une a todos los paraguayos.
“Es una reivindicación histórica de lo que reclama el pueblo paraguayo sobre Itaipú. Colorados, liberales, comunistas, socialistas, los patriotas en general, deben ser llamados para avanzar en el esclarecimiento de todo lo que se robó, de todo lo que se entregó, y también hacia la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú”, indicó Hugo Richer.
En el marco ya de la revisión marcada para el 2023, el senador colorado Enrique Bacchetta, señaló que corresponde buscar el reconocimiento del daño que sufrió el país en todos estos años.
“Debemos hacerle entender al Brasil el perjuicio ocasionado, para que por lo menos, si hay buena fe, se nos reconozca ese dinero y ese perjuicio al Estado paraguayo dentro del esquema de renegociación”, declaró el senador Bacchetta.
Para el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, Paraguay debe de plantear un resarcimiento al Brasil por la deuda ilegal generada como consecuencia de la reducción de la tarifa de la energía, e hizo énfasis en que el Gobierno debe buscar estrategias para un posible planteamiento de compensación por el perjuicio que sufrió el país.
“Esto va a comenzar a generar una discusión al interior de la Itaipú Binacional y lógicamente tenemos que plantear un resarcimiento de todo lo que hoy por hoy estamos conociendo a través del informe de la Contraloría”, manifestó el vicepresidente.
Agregó que a la hora de la renegociación, se debe exponer este informe. “En una negociación debemos plantear un resarcimiento respecto a esas diferencias de costos y el beneficio que sacó Eletrobras en detrimento de la Itaipú Binacional”, puntualizó.
Por último, Velázquez mencionó que tras el informe de la Contraloría mantuvo reuniones con técnicos de Itaipú, quienes explicaron que “la deuda era exclusiva responsabilidad de los problemas que fueron ocasionados en el sector brasileño”.
