
Un grupo de mujeres postulantes al Colegio de Policía “Sgto. Ayudante José Merlo Saravia” presentó este martes una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional, al denunciar un proceso de admisión que consideran discriminatorio por limitar el ingreso de mujeres mediante cupos.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Segundo Turno, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, quien deberá analizar el pedido de las recurrentes.
Según las accionantes, todas cumplieron con los requisitos exigidos en el proceso de admisión, tras aprobar las evaluaciones de conocimientos, salud, pruebas físicas y exámenes psicotécnicos. Sin embargo, afirman que fueron excluidas debido a la aplicación de un cupo máximo para mujeres establecido mediante resoluciones administrativas de la Policía Nacional.
Diferencias en los cupos
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, el proceso de admisión fijó inicialmente 840 vacancias para mujeres y 4.110 para varones, cifras que posteriormente fueron ajustadas a 1.000 plazas para mujeres y 4.000 para hombres.
Las denunciantes sostienen que esta distribución generó una barrera que impide el ingreso de postulantes femeninas, incluso en casos en los que obtuvieron mayores puntajes y méritos que algunos aspirantes varones que sí fueron admitidos.
Además, la acción judicial señala que, para completar el cupo masculino, las autoridades habrían reducido el puntaje mínimo de ingreso únicamente para los hombres, lo que permitió la admisión de postulantes con menor calificación mientras se excluía a mujeres que habían superado todas las pruebas.
Alegan violación al principio de igualdad
Las recurrentes argumentan que la medida vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Las representantes legales de las postulantes señalaron que el caso trasciende el acceso a una institución educativa.
“Lo que está en discusión no es solo el ingreso a una institución educativa. Está en juego el principio básico de que en Paraguay las mujeres no pueden ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría”, expresaron.
Indicaron además que, antes de recurrir a la vía judicial, realizaron gestiones ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y el Congreso Nacional, sin obtener respuestas que permitan revertir la situación.
Solicitan admisión inmediata
En el amparo presentado, las accionantes solicitan al juzgado que declare la nulidad de la resolución que limita el ingreso por sexo y disponga la admisión inmediata de las postulantes afectadas.
Las denunciantes argumentan que la intervención judicial es urgente, ya que el año lectivo comenzó el 9 de marzo, lo que podría ocasionar un daño irreparable en la formación y carrera de las aspirantes.
“Las mujeres paraguayas han demostrado que pueden cumplir las mismas exigencias físicas, académicas y profesionales. Lo que no puede ocurrir es que el propio Estado les cierre las puertas cuando ya demostraron su capacidad”, señalaron las afectadas en un comunicado.