El pleno de la Cámara de Diputados decidió postergar por ocho días el estudio del proyecto de Ley de subsidio para artistas, representantes y gestores culturales, que pretendía dar apoyo a los mismos por la crisis de la pandemia. Según la iniciativa, los trabajadores culturales recibirán hasta cuatro desembolsos del 25% del salario mínimo (G. 548.000).
Los legisladores de la Cámara baja argumentaron que primero aguardarán los informes del Ministerio de Hacienda sobre si existen fondos disponibles de la Ley de Emergencia Sanitaria para cubrir los nuevos subsidios previstos. Luego de esto, analizarán el documento, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Cabe recordar que el proyecto establece que la Secretaría de Cultura iniciará un proceso sumario de padronización e inscripción de artistas nacionales, naturalizados y extranjeros residentes, cuya actividad laboral se encuentre directamente vinculada a las expresiones artísticas o culturales en sus diversas manifestaciones; que hayan quedado imposibilitados de realizar sus actividades debido a las restricciones impuestas por el Gobierno.
Estipula también que los beneficiarios deben cumplir requisitos como ser artistas mayores de 18 años, que no coticen en la seguridad social, no sean jubilados, pensionados o funcionarios públicos y que no hayan recibido algún programa de asistencia social del Estado.
AUMENTO DE PENAS
Por otra parte, en la misma sesión los diputados nuevamente derivaron a la Comisión de Reforma Penal el proyecto de Ley que propone el aumento de pena carcelaria por corrupción. La iniciativa tiene como finalidad establecer que el hecho punible de estafa sea castigado con 1 año a 15 años de pena (actualmente penado de 6 meses a 8 años) y; la lesión de confianza, también con 1 año a 15 años de pena (actualmente castigado de 6 meses a 10 años).
Durante el debate sobre la iniciativa, una de las proyectistas Rocío Vallejo (PPQ) solicitó la aprobación del documento, principalmente para castigar y establecer penas más graves para aquellas personas que perjudiquen o defrauden económicamente al Estado.
Tras la decisión de la mayoría de sus colegas, Vallejo dijo que la excusa que se utilizó para no aprobar el documento fue que no servía tocar un solo artículo del código penal para elevar penas para corruptos.
