La normativa presentada en el Senado establece que las empresas de transporte público que no regularicen salidas de sus unidades en 24 horas se les cancelará sus licencias, además se les prohibirá por 10 años participar de licitación de itinerarios. El documento pasa a la Cámara de Diputados.
La normativa tuvo el acompañamiento de la mayoría de los presentes en la plenaria de manera virtual, el Proyecto de Ley, “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la ley” se aprobó con modificaciones. El documento pasa a la Cámara de Diputados.
“Urgente se debe tratar en diputados y que el presidente promulgue y lo haga ley. Akapete a chantajistas del transporte público. Cancelación de licencias y subsidios. ¡Basta de chantajes!”, festejó Buzarquis en sus redes sociales, luego de que su proyecto haya sido aprobado.
Como proyectista, Buzarquis explicó en la plenaria que el alcance de esta propuesta legislativa afecta a, al menos, un millón de usuarios diarios del transporte público.
“El estado paraguayo no puede arrodillarse ante un sector de chantajistas, no puede ser que en el momento más difícil del Paraguay cuando más se necesita, cuando mucha gente está renunciando a todo aparte de que cobran el subsidio multimillonario y dicho sea de paso jamás se mostró la planilla de costo real del pasaje, hoy están cobrando por 100 buses, pero están trabajando 50, están regulando, están cobrando una plata que no les corresponde y encima están chantajeando”, cuestionó.
El debate sobre este tema fue amplio, muchos legisladores de diferentes bancadas expresaron su indignación ante esta situación y rechazaron que el Gobierno “defienda” a este sector habilitando que vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Patrulla Caminera realicen el trabajo que debían hacer estas empresas.
Ayer también se aprobó, pero sobre tablas, el proyecto de Declaración “Por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo a arbitrar las medidas necesarias para asegurar la normalización de los servicios del transporte público de pasajeros”, presentado por el parlamentario Víctor Ríos.
Cabe mencionar que la propuesta es presentada a fin de evitar que nuevamente el sector del transporte público regule nuevamente la circulación de sus buses que ha generado mucha indignación en la ciudadanía porque se ven obligados a circular aglomerados en los pocos colectivos que hay generando una preocupación muy grande en plena pandemia por Covid-19.
Lo que establece
el proyecto de ley
Está presente ley, tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas de transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes. Asimismo, las empresas del transporte público adjudicadas con contratos y licencias de transporte públicos que sean cesadas por las causales descritas en la presente ley no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los expuestos, a ese efecto las causales establecidas en la presente ley pasan a los términos de la concesión de pleno derecho.
Se establecerán las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores según las siguientes clasificaciones: la empresa que deje de prestar unilateralmente servicios acordados por las concesiones de forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas de intimada por la autoridad competente será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho y volverá a ser licitado.
En caso de incidencia con la misma empresa en un periodo de 1 año, serán aplicables las mismas sanciones administrativas. La empresa que cometa infracción en una declaración de emergencia nacional o municipal no podrá participar en licitaciones de itinerarios por 10 años. “Esta sanción incluye a los directivos de la empresa o sociedad y no podrán participar bajo nuevas modalidades”, aclara el documento.
También las empresas que no cumplen en sus buses elevadores o rampas para personas con incapacidad cuanto menos en un 50% de su flota no tendrán derecho percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado, se le establecerá un plazo de 180 días para que las empresas adecuen a las exigencias una vez promulgada la normativa.
Por último, establece que empresas de transporte público que realizan algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado con la prestación de sus servicios ya sea por cualquier medio será considerado hecho punible de coacción y perturbación de servicio público.
