Sugestivamente la administración de Justicia sigue otorgando privilegios a peces gordos tanto del ámbito político como empresarial. El caso Tamara Serrati y Alejandro Pozo, directivos de la empresa Cargill en Paraguay es otra muestra.
Ambos fueron imputados por la agente fiscal Elena Fiore, quien encontró indicios para sostener la acusación por supuesta estafa de USD 650.000 en perjuicio de la empresa La Paraguaya Express, una firma de agronegocios que hizo entrega de materias primas y que pese a contar con un contrato mediante el cual Cargill se compromete a pagar la carga, no pudo efectivizar.
Lo llamativo es que mientras al tercer imputado en el caso, el representante de la firma Ágape, Celio Ramón Ortiz, se le impuso medidas alternativas a la prisión (al menos), los funcionarios de Cargill siguen ilesos.
Esto llamo la atención tanto del ministerio Público como de la querella adhesiva. A finales del año pasado, directivos de La Paraguaya y la propia fiscal del caso fueron hasta el juzgado para averiguar la lentitud del proceso que beneficia a Serrati y Pozo.
La jornada fue incidentada ya que también asistieron varios empleados de la empresa, preocupados ante la situación. Mientras se resuelve el caso, los directivos de La Paraguaya vienen haciendo malabares financieros de modo a seguir cumpliendo en fecha tanto con colaboradores como proveedores.
De acuerdo a trascendidos está situación derivó en una crisis nerviosa de Karina Rejala, directiva de La Paraguaya, durante la audiencia quien sufrió un desmayo y tuvo que ser derivada a un sanatorio de manera urgente.
Lentitud
El caso lleva más de un año en esferas judiciales. La querella espera la reposición y apelación de subsidio de una providencia en la que se le fija a los imputados la imposición de las medidas alternativas a la presión preventiva.
“Ellos están chicaneando para no tener las medidas alternativas a la prisión y el juez penal de garantías tiene que tomar en cuenta que esta es una empresa multinacional los funcionarios de ahí van, salen, entran a países extranjeros”, explicó una de las abogadas de La Paraguaya Express.
Sobre la fiscalía, señalaron que “está un poco tibia en la recaudación de las pruebas” por lo que presumen que buscan darle al final una salida procesal.
En síntesis La Paraguaya Express solicita que se fije fecha cierta antes de febrero para que se impongan medidas alternativas a la prisión preventiva, una de las medidas es restricción de salida del país.
Desde la empresa Cargill, señalan que no se expedirán oficialmente sobre el caso hasta que no se resuelva en el ámbito penal.
