El tradicional juego de la quiniela nacional vive un ambiente tenso desde inicios prácticamente de este año. Una de las razones es que la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), que explota el juego desde el 2014, reconoció no estar cumpliendo con los pagos establecidos en el artículo 32 de la ley 431/73 “De pensiones a favor de los veteranos del Chaco”. Y del artículo 19 de la ley 1016/97 “Del régimen para la explotación de los Juegos de Azar”.
Sin embargo, a pesar de esto, la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar), les adjudicó nuevamente para que siga explotando el servicio por los próximos cinco años (hasta el 2025).
El Consorcio B Gaming SA – Gambling SA, era otra de las empresas que se presentó al igual que TDP SA para quedarse con la explotación del juego por los próximos cinco años. Debido a la serie de irregularidades que protagonizó la firma que finalmente fue adjudicada, realizaron una serie de cuestionamientos sobre la inacción de la Conajzar e instan al Ejecutivo a rever la adjudicación.
Pedro Ovelar, abogado del consorcio, expresó que ven la problemática con mucha preocupación. Puesto que claramente un oferente para la explotación de la quiniela ha incumplido con el pago de impuestos establecidos por la misma Conajzar, sin embargo, fue adjudicada nuevamente a pesar de las irregularidades.
“Las reglas deben ser iguales para todos. Mi representado cumple con la exigencia de la ley 431 pagando el 10% de los premios superiores a G. 1 millón y el 100% de los premios no cobrados. Sin embargo TDP SA hace cinco años no cumple con ello”, cuestionó.
Acto seguido, Ovelar rememoró los casos de Imedic SA y Eurotec SA, que incumplieron con lo establecido en sus respectivos contratos, desembocando que el Gobierno dejara sin efecto sus adjudicaciones.
DESCONOCIMIENTO
A través de una serie de comunicados, el consorcio insta a los asesores del Ejecutivo a informar detalladamente de los pormenores de esta situación a Mario Abdo Benítez. Para Ovelar, el mandatario desconoce la profundidad de este caso en particular, caso contrario considera que ya se hubiera manifestado en contra.
“No se trata de quien ofrece más o quien ofrece menos. Ellos quieren dejar de lado otros elementos como el cumplimiento de las normas y de las leyes. Queremos que el presidente de la República retrotraiga esta acción y vuelva a la etapa de evaluación”, explicó.
Finalmente adelantó que llevarán adelante procesos legales. Esto, en caso de que el Ejecutivo no actué como esperan.
“Se aplica la ley solo para algunos y no para todos. El presidente de la República debe estar informado sobre esto. Estoy seguro que no le están diciendo la verdad sobre esta situación”, culminó.
MÁS DENUNCIAS
Otras de las razones de este ambiente tenso que vive el sector de la quiniela, es porque TDP SA es cuestionada por sus mismos trabajadores.
Miembros del Sindicato Nacional de trabajadores, vendedores de quinielas, de bingos, juegos de azar y afines del Paraguay (Sitranquiba) denunciaron por lesión de confianza, estafa y apropiación a TDP SA a mediados del mes de octubre.
Los mismos se vieron afectados desde el mes de marzo, cuando la firma decidió de forma unilateral recortarles el margen de ganancias del 25% al 20%. Esta pérdida se ve acentuada por el hecho de que era el inicio de la pandemia y la consiguiente reducción propia de ingresos.
TDP SA pertenece a Diego Wasmosy, hijo del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy. Posee la licencia del juego desde el 2014.
La respuesta de la firma a los cuestionamientos fue que no les correspondía hacer los pagos establecidos por la ley. Incluso apelaron a un recurso de inconstitucionalidad para justificar este incumplimiento. Pero a inicios de octubre, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este pedido.
Se estima que el monto que TDP SA dejó de pagar ronda los US$ 6 a 7 millones por cada año de incumplimiento.
