Dos organizaciones del sector privado acaban de emitir su segunda edición, la 2020, de su índice dirigido a medir la capacidad del país de luchar contra la corrupción, haciendo foco en América Latina. Se trata de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), una influyente organización empresarial, y Control Risks, firma especialista en consultoría de riesgos.
“El objetivo del índice CCC –aclara el estudio- no es avergonzar o señalar a los países sino fomentar un debate sobre políticas públicas que ayuden a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado a identificar las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse”.
El Índice CCC examina 14 variables clave, entre las que se incluyen la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para combatir los denominados “delitos de cuello blanco”, los asociados a la corrupción pública. El puntaje se completa con tres subcategorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas y sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.
Huelga decir que el Paraguay figura con una de las peores calificaciones según el siguiente ránking: Primer puesto para Uruguay (7,78 de 10). Le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).
Paraguay presenta, entre sus debilidades críticas, la capacidad jurídica ya que las “instituciones judiciales siguen fuertemente politizadas con jueces que responden a partidos políticos”.
El acceso a la información pública y la transparencia del Gobierno son otros puntos críticos –documenta el estudio- señalando a continuación la “pronunciada falta de conocimientos especializados y recursos para luchar contra el crimen de cuello blanco”.
Sólo tres áreas presentan un “horizonte prometedor”: la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. Pocas cosas en este informe podrían sorprendernos. Sólo que al categorizar nuestras mañas y ponerlas en un ránking, el resultado es desalentador.
Seguramente haremos lo mismo que ante los diagnósticos de Transparencia o Amnesty: esconder la cabeza bajo la arena.
