La empresa de seguridad Paraguay Security S.A. ganó recientemente dos nuevas licitaciones. La primera fue el 9 de diciembre, con el llamado 401.459 por el cual prestará 96 guardias de seguridad al Ministerio del Trabajo (Mtess). En cuanto a ofertas, fue la segunda, de las tres aspirantes, en presentar el monto más elevado. El monto del contrato es por G. 2.160 millones y durará 16 meses.
La segunda fue el 14 de diciembre, ganó el llamado 393.491 por el cual prestará 26 guardias a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En cuanto a ofertas, en este caso, fue la que propuso el menor monto de las cinco aspirantes. El monto del contrato es por G. 1.899 millones (US$ 273 mil) y durará un año.
Carlos Molinas, secretario general del Sindicato Nacional Auténtico de Guardias Privados (Sinagupap), informó que la firma tiene varias denuncias en su contra. Incluso, contratos perdidos a causa de irregularidades.
“Nosotros no estamos ajenos a que las empresas ganen las licitaciones. Ellos pueden ganar 10 o 20 lotes, lo que velamos es que cumplan con el pliego de bases y condiciones (PBC)”, afirmó.
En marzo del 2021, Paraguay Security SA perdió el contrato de la sede central del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). El vínculo era por G. 3.500 millones por un total de 100 guardias. La duración del acuerdo era por un año.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), decidió anular el contrato debido a que una de las dueñas de la firma; Olga Bykov de Jure, no presentó su declaración jurada de bienes, requisito establecido en el PBC.
La Sinagupap celebró en su momento esta determinación, debido a que la firma ofrecía malas condiciones laborales para sus guardias. Uno de los cuestionamientos era sobre el salario. Cada trabajador solo cobraba el sueldo mínimo (G. 2,3 millones al mes). Sin embargo, el PBC establecía que debían cobrar G. 3,2 millones, debido a la alta carga horaria (12 horas por día) con el atenuante que se realiza en horario nocturno.
También el año pasado, la empresa fue adjudicada con el lote dos del Instituto de Previsión Social (IPS) pero rápidamente perdió el contrato a causa de varias inconsistencias en las documentaciones presentadas.
La empresa anteriormente vendía insumos a la Industria Nacional del Cemento (INC). Por lo que solo desde el año 2020 se observa que ofrece el servicio de seguridad privada al Estado.
“Tenemos la información de que tienen el apoyo muy fuerte del mismo Gobierno, por ende, ganan tantos llamados a pesar de las irregularidades que protagonizan”, sentenció Molinas.
Según datos del Sintraspap, se trataría del empresario Fabrizio Martínez, accionista desde el 2019 de la empresa. El mismo formaría parte del círculo de amistades de Maira Abdo, hermana del presidente de la República.
