Lo primero que debemos saber es que el verdadero nombre del popularmente conocido Acuerdo de Escazú es “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe”, consta de 42 páginas, con 26 artículos y lo suscribieron 22 países, tales como: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay, aunque con apenas 9 ratificaciones.
Aparentemente, este acuerdo es una suerte de versión latinoamericana del Acuerdo de París, por tanto, sigue esa tónica medioambientalista. Ahora bien, lo medular de este acuerdo se encuentra ya en su primer artículo –su “Objetivo”-, donde parte de un punto realmente muy gris y es que equipara el acceso a la información con participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental, así como desvirtúa el concepto acceso a la justicia ambiental. Amén de otra enorme deformación contemplada en el artículo 2 donde equipara a ONG’S o sector privado con el mismo rango y facultad de decisión frente al Poder Público.
En crudo, desde la esencia del Acuerdo, pasando por sus definiciones básicas, sus verdaderos principios absurdo y que rayan en lo ridículo como “equidad intergeneracional” e incluso “máxima publicidad” hasta su instrumentación, se trata de un documento que parte del subterfugio del cuidado medioambiental, el desarrollo sostenible y el acceso a la información para poner desboronar los Estados de la región.
Vale acotar, que el Estado es una construcción occidental que data desde el fin de la Edad Media y de conformidad con los planteamientos de Thomas Hobbes, la razón de ser del Estado es “proteger a sus súbditos” lo que equivale decir hoy, ciudadanos. Si se materializa este acuerdo, nuestra ya débiles Estados y con democracias por consolidar, donde el sector privado y cualquier ONG asumirá facultad, autoridad y potestad de decidir en materia pública, simplemente se generará una enorme situación de anarquía tal que hará trizas la gobernabilidad democrática y finalmente la muerte de los gobiernos como de la democracia, es decir, prácticamente será una vuelta pandemónium de los tiempos pre-Estado.
Para cerrar, mi llamado a los gobiernos nacionales, sobre todo parlamentarios, académicos, la dirigencia de los partidos políticos y los medios de comunicación que debatan con la seriedad de rigor este acuerdo fomentado por la CEPAL en Costa Rica, desnuden sus enormes riesgos como su inviabilidad no sólo para los temas medioambientales mismos sino para la pervivencia de nuestros Estados en Latinoamérica.
