A días de que se cumplan dos años del Gobierno de Mario Abdo Benítez, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, uno de los abanderados de la lucha contra la corrupción, destacó los mecanismos de control y transparencia que se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo y valoró las actualizaciones que se dieron para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Si bien, hubo escándalos de corrupción impactante en medio de la pandemia del coronavirus, uno de los puntos que toma como un elemento positivo es la reacción del Palacio de López.
“Los hechos de corrupción existen en todas partes, pero hay que destacar acá que los mismos mecanismos de transparencia surjan del propio Poder Ejecutivo”, indicó el ministro de la Seprelad.
En este sentido, menciona que hubo una respuesta a la situación, pero no solamente desde el punto de vista de exigir una investigación, sino en primer término no esconder los escándalos, indagarlos y crear mecanismos para que no ocurran, como lo que ocurrió con las Compras Covid.
“En este caso la Comisión Especial de Control de Compras Covid fue una iniciativa del mismo presidente de la República, a raíz de todos los hechos de conocimientos públicos. Realmente hay un antes y un después de la Comisión, en cuanto a todo lo que se ha venido haciendo en contrataciones públicas”, refirió Arregui, quien además comentó que el rol de esta permitió transparentar el proceso de compras pública con los fondos de la Ley de Emergencia.
La experiencia de la misma Comisión servirá como base para la transparencia, y como modelo de otras nuevas iniciativas para el control de la utilización del dinero público en las licitaciones.
En cuanto a lo que se espera y por lo que seguirá trabajando el equipo Anticorrupción (Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Emilio Fuster y Arregui) del Gabinete del presidente es el fortalecimiento de los procesos institucionales, más allá de la pandemia y de los acuerdos políticos, como el acercamiento entre Horacio Cartes y Mario Abdo.
“Acá es clave fortalecer las instituciones. El fortalecimiento institucional es el norte al que debemos apuntar todos como ciudadanía, es aquello que más allá de la anécdota de las personas nos va a permitir mejorar nuestros niveles de desarrollo”, destacó el ministro Arregui.
En ese sentido, volvió a reiterar que tanto él como los ex fiscales Anticorrupción tienen un respaldo para trabajar. “Nos sentimos plenamente respaldados por el presidente, tenemos conversaciones muy fluidas con él, y tenemos libertad para ejercer institucionalmente cada uno en nuestras respectivas secretarías el trabajo que venimos haciendo”, remarcó el secretario de Estado.
LEYES ANTILAVADO Y EVALUACIÓN
En cuando a las políticas y planes aplicados en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el ministro Carlos Arregui destacó lo que se consiguió como país en el último año y que tiene que ver con la promulgación de las diez leyes Antilavado, que han contribuido para fortalecer las herramientas y mecanismos de control.
“Estas 10 leyes nos ponen en un contexto muy importante en cuanto a la actualización para la prevención del lavado de activo, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, destacó, con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y esperando no estar incluidos en la lista gris.
En cuanto a las nuevas normativas, destacó el trabajo del Congreso Nacional, que si bien fue motivo de muchas discusiones, para la aprobación del paquete de leyes primó los intereses del país, ante un desafió de la evaluación.
Y por último, destacó que los propios sujetos obligados hayan internalizado la “realidad que nos afecta a todos como país y hayan colaborado entre todos, tanto el sector financiero, el sector inmobiliario, el sector cambiario, el sector automotriz, y todos los que tienen la obligación de reportar a Seprelad”.
La evaluación del Paraguay por Gafilat está prevista para julio del 2021, y se analizará todas las acciones del Estado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo desde el 2015.
