Analistas coinciden en que la ola de violencia se acentúa ante la vulnerabilidad y la complicidad de las instituciones del Estado. Señalan que entes como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, no cumplen una labor eficaz contra el crimen organizado.
Guillermo Ferreiro afirmó que la ola de violencia y sicariatos es la consecuencia del modelo de país que se ha creado. Señala que las instituciones, en el mejor de los casos, no cumplen con sus funciones, o en el peor, están manejadas directamente por el dinero del narcotráfico.
“Es un problema político. No en el sentido de políticas partidarias. Tenemos instituciones como la Seprelad que no ve a ninguno de los narcos que se muestran en Asunción. Pasa lo mismo con la Fiscalía que solo se mueve cuando tienen la presión de los Estados Unidos”, manifestó.
El analista insta a que las políticas de Estado sean cambiadas ya que, caso contrario, más casos de sicariato se darán en la capital.
“Mucha gente compara a nuestro país con Colombia de los 80’ pero no es cierto. Ellos tenían decenas de policías asesinados por narcotraficantes. Alrededor de 100 fiscales, jueves e investigadores muertos porque el Estado estaba contra el sistema. Acá no va a pasar porque las instituciones están sometidas y son cómplices”, afirmó.
Lamentó que instituciones como la Seprelad, la Fiscalía, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, se concentren en perseguir a la clase media pero no así a personas con recursos.
“El Estado es responsable de lo que está pasando. La violencia que genera el narcotráfico solo va en aumento”, señaló.
Sobre la labor del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), afirmó que son instituciones corrompidas y con la ineficiencia que caracteriza a todo el Estado.
“Todavía no hay un sistema eficiente de control de corrupción interna. La permeabilidad es total. No se ve un enfrentamiento del Estado contra el narcotráfico”, expresó.
Finalmente, dijo que el cambio de ministros no es la solución. Resaltó que son necesarias políticas de seguridad y las políticas de saneamiento de las instituciones.
PODER JUDICIAL
Selva Castiñeira, analista política, afirma que, si la justicia paraguaya no es independiente de la política actuando en consecuencia con castigos ejemplares contra el crimen, estamos destinados a ser un país gobernado por estos grupos criminales.
“La narcopolítica no es nueva en el escenario político paraguayo. Cada vez más el estado es permisivo con todo tipo de grupos criminales en el que estos actúan sin temor a nada porque después de todo, lo hacen a sabiendas que cuentan con apoyo político que intervenga en la justicia para favorecerlos”, señaló.
Para Castiñeira, Paraguay es el paraíso para los grupos de delincuentes, porque en la justicia es conocida como la justicia de las influencias políticas o de la compra de la misma.
“Las instituciones son débiles y no ofrecen garantía, es secreto a voces que no existe nada ni nadie que no se pueda comprar o sea incorruptible porque esto funciona de manera sistémica, forman parte de movimientos políticos, partidos y parte del gobierno”, manifestó.
