Las escuelas públicas ya están en emergencia desde 2016
Teóricamente, el sistema educativo está en emergencia oficial desde noviembre de 2016. Aún así, parece que los honorables están poniendo en marcha otra iniciativa con el mismo nombre y con los mismos propósitos que originaron la ley 5712 vigente.
La iniciativa había entrado al Congreso bajo el rotulo de “proyecto de ley que declara en situación de emergencia de infraestructura al sistema educativo” y salió convertida en ley que declara “de interés nacional la infraestructura física” de los establecimientos de gestión pública, algo así como una versión descafeinada. Pero en el fondo, la idea era la misma: formar comités ad hoc en cada circunscripción escolar para arreglar edificios y de paso echarle el guante a los fondos del FONACIDE. Ya se sabe que la mejor manera de encallar cualquier emprendimiento es formar una comisión, que en el caso de la ley de marras deberían integrar el MEC y los gobierno departamentales y locales.
Este mecanismo creado por ley ya tiene cinco años de existencia. Abarcó los dos últimos años del Gobierno de Cartes y lo que va del de Mario Abdo. Sería, pues, muy interesante tener un balance de resultados, por ejemplo, qué tanto ha mejorado la infraestructura escolar. Porque la legislación prevé los recursos que puedan necesitarse. Incluso advierte al Ministerio de Hacienda que debe dar prioridad al libramiento de fondos para este fin. ¿Lo habrá hecho? Porque ya son cinco ejercicios los que lleva rigiendo este mandato legal. Luego está el espinoso asunto de las rendiciones de cuentas, algo que les encrespa el pelo a los muchachos del Gobierno. Esa rendición debe hacerse cada seis meses a la auditoría del Poder Ejecutivo, a la Contraloría General, a Hacienda y a las comisiones de cuentas del Congreso. ¿Presentaron o no esas rendiciones? Y, por supuesto, hay otro tema bien gordo, el de los contratos con las empresas constructoras que deben contener cláusulas de ajuste al llamado a licitación, un año de mantenimiento después de la entrega de la obra o enfrentarse a lo que el Código Civil penaliza en caso de incumplimiento.
Como se ve, una ley verdaderamente primorosa que prevé todo. ¿Y los resultados? ¿Dónde están los informes de avance de obras, la entrega, etc.? Parece ser que en cinco años nada o muy poco se hizo. Tanto que ahora hay que estudiar una nueva ley.
¿Se entiende porqué no podemos salir del pantano?
