En la búsqueda de, una justa utilización de los recursos en las instituciones del estado, debido al quiebre y perjuicio que ocasiona la corrupción, flagelo que corrompe a las estructuras estatales, cuya causa es el deterioro y daño “significativo”, que atenta directamente a todo un país, su principal enemiga es: “la transparencia”.
En virtud a lo expresado, desde la Contraloría General de la República, que tiene como función principal examinar la gestión de las instituciones públicas, velando por la legalidad e integridad de los gastos estatales a través del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP 2015), que consiste en la supervisión y evaluación de gestión de las instituciones públicas, que tiene como objetivo fortalecer el control interno, y que cada institución pública cumpla con las normativas de requerimientos básicos con principios y fundamentos, y con valores éticos que sirvan de herramientas que contribuyan a paliar la corrupción, y así poder recuperar la confianza de los ciudadanos.
Cuán importante, es combatir la corrupción, partiendo desde la responsabilidad de los ministros, sin embargo, a pesar de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la República, no todos se comprometen a formalizar con resoluciones, los procesos y procedimientos internos que ayuden a transparentar las gestiones tanto administrativas, operacionales y misionales de cada institución. Todo queda en una superficialidad, de plasmar en documento “lo simple”, “lo básico”.
En efecto, a pesar de los esfuerzos de supervisión y mecanismos que se han implementado, esta problemática denominada “corrupción”, continúa desilusionando a los ciudadanos.
En tal aspecto, las denuncias públicas son ecos de corrupción latente, con algunas leyes acomodadas y amañadas que sustentan el abuso y desviación del poder de los gobernantes de turno, para beneficios personales o de terceros, que debilitan y desacreditan el esfuerzo y el trabajo de control ejecutado, esto se debe a la ausencia de compromiso de sus responsables directos.
El descuido, el desinterés y la falta de compromiso por parte del Presidente, Santiago Peña, ante esta situación, desbordante de denuncias públicas, debe proponer a sus ministros, acciones inmediatas y generar controles más eficientes y transparentes, con funcionarios capacitados y desde el Código de ética, activar las Unidades de Transparencias que brinden información veraz a la ciudadanía. Por el otro lado, el Poder legislativo, debe ocuparse en revisar leyes que dan lugar a hechos que contribuyen ciertos actos irregulares. Combatir la corrupción a través de la vigilancia ciudadana, a modo de fortalecer la legitimidad democrática y contribuya a una buena gobernabilidad.
