El Ministerio Público demostró bastante celeridad para procesar en menos de 24 horas a un trabajador que fue víctima de un procedimiento irregular del Grupo Aldo de la Dirección de Policía de Asunción, donde lo golpearon, le dañaron dos costillas, le robaron G. 1 millón, lo extorsionaron, lo amenazaron y le pidieron coima. Sin embargo, a pesar de las pruebas, los estudios médicos y los estudios victimológicos, hasta ahora los agentes policías no fueron imputados.
El Independiente recogió ayer el testimonio de la víctima, cuya identidad reservamos por pedido del mismo, sin embargo el hombre detalló todo lo ocurrido. Llama la atención que tras su “aprehensión” en la noche del 15 de mayo del 2020, la agente fiscal Mercedes Cañiza lo haya imputado en base a un acta policial supuestamente fraguado, y que incluso haya tenido medida de arresto domiciliario fijado por la jueza Clara Ruiz Díaz, que estaba de turno el 16 de mayo, cuando imputaron al trabajador.
Con el testimonio de la víctima, informes del médico forense del Ministerio Público sobre sus lesiones, la radiografía en 3D del Centro Médico La Costa que informan sobre las fracturas de costillas, las filmaciones de Circuito Cerrado, o el acta de procedimiento, la Fiscalía no tiene la misma celeridad para procesar a agentes del Estado como sí los tiene para imputar a un civil.
La denuncia contra el suboficial primero Ángel Alcaraz, el suboficial primero Aurelio López, el suboficial ayudante Richard Rojas, y el suboficial ayudante Néstor Romero hace cuatro meses que sigue “avanzando” en la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, mientras la víctima debe de recibir en el sector privado asistencia de salud mental debido al trauma.
Incluso, antes de ayer la víctima fue a la unidad de la fiscala Silvia Cabrera, y le volvieron a informar que “la causa sigue avanzando”, según comentó durante la entrevista. Incluso, le volvieron a convocar para el 15 de octubre para otro estudio forense victimológico.
IMPUNIDAD
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había realizado un informe llamado “Impunidad – Aproximación a las actuaciones de la Fiscalía de derechos humanos en la persecución y sanción de la tortura y otros delitos”, que fue apoyado Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
En el mismo informa que desde el 2011 al 2016 ingresaron a la Fiscalía 1.015 denuncias por abuso de parte de agentes del Estado, solo se registraron dos condenadas.
El estudio concluye que se observa claramente en casos analizados de violencia por parte de agentes estatales detalla una deficiencia en los criterios de Investigación, seguido del incumplimiento de los plazos procesales, falencias con relación al aspecto probatorio, falencias en las medidas de protección a víctimas y testigos, y finalmente falta de avance a las siguientes etapas procesales.
El representante de Codehupy, Óscar Ayala sostiene que la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público tiene una gran responsabilidad en la impunidad de casos de abusos y torturas por parte de los agentes policiales y militares, “evidenciada por sus pobres resultados que dejan en permanente evidencia la falta de protección judicial de las víctimas de estos crímenes, que, por otra parte, alienta los victimarios a continuar con esta deleznable práctica.”
Ayala critica que incluso ni siquiera fueron investigados en forma los casos cometidos por el régimen stonista, y que las torturas siguen teniendo vía libre por parte de los actores de Justicia.
“Así como no fueron investigados los crímenes de la dictadura y sancionados los perpetradores stronistas, en democracia, tampoco ocurrió, pues la impunidad sigue siendo la norma y tiene su correlato en los tiempos que corren, acaso las víctimas no son presos políticos, pero está visto que la intervención de las fuerzas públicas en los más diferentes contextos siguen generando con saldo negativo violaciones de derechos humanos de diversa naturaleza”, concluyó.
