La liberación de Almir de Brum reabre el debate sobre la eficacia estatal frente al secuestro y la seguridad rural.
Almir de Brum, productor agrícola secuestrado el 21 de febrero en Canindeyú, recuperó su libertad luego de permanecer 103 días en cautiverio. Según confirmó su familia, no fue liberado mediante una negociación ni un operativo de rescate, sino que logró escapar de sus captores y caminó durante cinco días hasta encontrar ayuda. El caso vuelve a colocar bajo análisis la estrategia de seguridad desplegada por el Estado en el norte del país.
¿Cómo logró recuperar su libertad Almir de Brum?
La aparición con vida de Almir de Brum, de 32 años, puso fin a más de tres meses de incertidumbre para su familia y para las autoridades encargadas de su búsqueda. El productor agrícola había sido secuestrado el 21 de febrero de 2026 mientras realizaba trabajos vinculados a la cosecha de soja en la zona de Yerutí, departamento de Canindeyú.
De acuerdo con el relato brindado por su padre, Valmir de Brum, el joven logró escapar de quienes lo mantenían cautivo y emprendió una travesía de aproximadamente cinco días a pie por áreas boscosas hasta encontrar asistencia. Posteriormente consiguió contactar a su familia mediante un teléfono prestado y fue trasladado a su vivienda. Además, el entorno familiar aseguró que no existió ningún pago de rescate para obtener su liberación.
Las primeras imágenes difundidas tras su regreso muestran un evidente deterioro físico producto del cautiverio, principalmente pérdida de peso, aunque las autoridades señalaron que se encontraba estable y fuera de peligro.
¿Qué información manejaban las autoridades durante el cautiverio?
Desde las primeras semanas posteriores al secuestro, organismos de inteligencia del Estado sostuvieron públicamente que existían indicios de que el productor seguía con vida. El propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, había señalado en marzo que los equipos desplegados en la zona manejaban información sensible sobre la ubicación y condición de la víctima, aunque evitó divulgar detalles por razones operativas.
La búsqueda involucró a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Durante meses, el Gobierno sostuvo que se desarrollaban tareas permanentes de inteligencia y presión sobre los grupos armados que operan en la zona norte del país.
Tras la reaparición de De Brum, el Ejecutivo defendió el trabajo realizado y afirmó que la prioridad siempre fue preservar la vida del secuestrado antes que ejecutar una operación de alto riesgo.
¿Por qué el caso genera cuestionamientos sobre la política de seguridad?
La versión de que Almir de Brum logró escapar por sus propios medios abrió un nuevo debate sobre la eficacia de los mecanismos estatales de combate al secuestro y a los grupos armados que continúan operando en el norte del país. Mientras el Gobierno calificó el desenlace como un logro institucional, sectores críticos cuestionaron la ausencia de un rescate efectivo después de más de cien días de cautiverio.
Las explicaciones brindadas posteriormente por el ministro del Interior, Enrique Riera, apuntaron a que las fuerzas de seguridad evitaron acciones directas por el riesgo que podía correr la vida del rehén. Según el secretario de Estado, existía la posibilidad de un enfrentamiento que terminara afectando al secuestrado o generando consecuencias políticas y humanitarias aún mayores.
Más allá de la discusión operativa, el episodio vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad estatal para garantizar seguridad en áreas donde históricamente han operado grupos armados vinculados al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otras estructuras criminales.
¿Qué impacto institucional deja este episodio para el Estado paraguayo?
El caso trasciende el ámbito policial y se proyecta sobre cuestiones relacionadas con gobernabilidad, seguridad jurídica y confianza institucional. Los secuestros prolongados afectan la percepción de control territorial del Estado, especialmente en departamentos estratégicos para la producción agrícola y ganadera.
Para sectores vinculados a la inversión y la agroindustria, la persistencia de episodios de violencia en zonas productivas representa un factor de riesgo que puede influir en decisiones económicas de largo plazo. La seguridad rural continúa siendo una variable observada tanto por productores nacionales como por actores internacionales con intereses en la región.
Asimismo, el desenlace reabre el debate sobre los recursos asignados a organismos de inteligencia, defensa y seguridad interna. Durante los últimos años, distintos gobiernos justificaron aumentos presupuestarios y adquisiciones tecnológicas bajo el argumento de fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas como el secuestro y el crimen organizado. El caso De Brum vuelve a poner esos resultados bajo escrutinio público.
¿Qué desafíos enfrenta ahora el sistema de seguridad tras el caso de Brum?
Con Almir de Brum nuevamente junto a su familia y bajo protección estatal, la atención se traslada hacia la investigación judicial y la identificación de los responsables del secuestro. Las autoridades sostienen que las operaciones continúan y que aún existen elementos sensibles que no pueden ser divulgados públicamente.
Sin embargo, la principal discusión ya no gira únicamente en torno a cómo terminó el cautiverio, sino a qué lecciones institucionales deja el episodio. La capacidad de prevención, inteligencia y respuesta frente a organizaciones armadas seguirá siendo un indicador relevante para medir la fortaleza del Estado de derecho y la efectividad de las políticas de seguridad en Paraguay durante los próximos años.
Periodista Senior