En noviembre de 2019, el exprocurador general de la República, Roberto (Ilo) Moreno fue convocado por la Comisión Bicameral del Congreso que investigaba el caso Metrobús para rendir cuentas sobre el dictamen que había emitido respecto a la liberación de franja de dominio para avanzar con la obra.
La ocasión fue propicia para que el ahora asesor jurídico de la presidencia tildara a la anterior administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de “cobardes e inútiles”, luego de que estos lo hayan responsabilizado ante la CBI por el fracaso de la obra.
Moreno explicó que la Procuraduría nunca intervino en el proceso del proyecto y que solo emitió dictámenes no vinculantes en respuesta a consultas específicas por parte del MOPC. Molesto por las afirmaciones de la CBI y sin dar referencia sobre la administración que habría hecho la acusación, aseveró que aquellos que culpan a abogados por problemas en un proyecto son “cobardes e inútiles”.
La ejecución del ambicioso proyecto Metrobús fracasó, entre otras cosas, debido a una falta de acuerdo con los frentistas. En la reunión, la CBI concluyó tras recoger versiones del MOPC, que el Procurador fue responsable directo en el caso ya que su dictamen evitó avanzar en la solución de la problemática de la franja de dominio.
Sorprendido por la acusación, el abogado calificó de “temeraria” la respuesta de la administración del MOPC y planteó la posibilidad de emprender acciones judiciales contra estos. “Solamente en Paraguay no se hace una obra y es la culpa del abogado”, disparó.
“En todo caso, hay inutilidad y o cobardía de las personas que vinieron a decir eso, pero lo que es más importante, no leyeron el dictamen, y si lo leyeron no lo entendieron”, cuestionó Moreno y aseguró que las autoridades anteriores del MOPC no le dieron la importancia necesaria ni realizaron consultas posteriores al dictamen.
En este sentido, Moreno explicó que el dictamen jurídico no forma parte del proceso de decisión administrativa en la obra, salvo que sea vinculante, y el único dictamen vinculante que tiene la Procuraduría por Les es el de las víctimas de la dictadura. “Si el dictamen no es vinculante, jamás desde el punto de vista jurídico un dictamen ingresa en el procedimiento de toma de decisión administrativa”, subrayó.
El exprocurador aseguró que el dictamen se preveían todo el ordenamiento jurídico de cómo el Ministerio podía llevar adelante el proceso para liberar la franja de dominio. “Si usted me hubiese preguntado al salir del cargo si alguna vez me iban a llamar por alguna cosa, porque uno en la Procuraduría firma todos los días más de 30 escritos, jamás me hubiese imaginado que me iban a llamar por este, salvo para felicitar”, lamentó.
Días atrás, la Procuraduría General de la República informó que un tribunal arbitral condenó a Paraguay a pagar unos US$ 13 millones a la empresa Mota Engil, encargada de la construcción del fallido Metrobús.
La demanda entablada por la empresa Mota Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se da a raíz de la rescisión de contrato en el 2018 con el entonces ministro, Arnoldo Wiens.
La condena al Estado paraguayo incluye los conceptos de ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses, según detalló el procurador Marco Aurelio González. En cuanto al monto de USD 13 millones, se suman los intereses acumulados a la fecha, por USD 2.400.000, el total llega a USD 15,4 millones.
La Procuraduría analiza los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera a reducir el impacto que, según indicó González, no fue evaluado por la administración anterior.
