Kattya González declaró contra Hernán Rivas y vinculó su pérdida de investidura con sus denuncias sobre su título y su representación ante el JEM.
La exsenadora Kattya González declaró este 13 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Sentencia que juzga al exsenador Hernán Rivas y sostuvo que las denuncias sobre su título de abogado estuvieron entre los factores que derivaron en su salida del Senado. Su testimonio también abordó la designación de Rivas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y las gestiones parlamentarias para cuestionar su idoneidad.
¿Qué declaró Kattya González durante el juicio contra Hernán Rivas?
Durante su declaración como testigo propuesta por el Ministerio Público, la exsenadora Kattya González reconstruyó parte de la trayectoria política de Hernán Rivas y las circunstancias que rodearon su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM.
González señaló que conoció a Rivas cuando este ingresó a la Cámara de Diputados en 2018, pero afirmó que durante ese período no lo escuchó intervenir en proyectos ni defender iniciativas legislativas. Su testimonio se concentró posteriormente en la designación de Rivas como representante ante el órgano encargado de intervenir en procesos relacionados con magistrados y otros operadores de justicia.
Según su relato, el 3 de junio de 2020, durante la pandemia de COVID-19, varios diputados propusieron a Rivas para reemplazar a Ramón Romero Roa como representante de Diputados ante el JEM. González cuestionó que la sustitución se produjera antes de finalizar el mandato correspondiente y sostuvo que no se explicó públicamente el motivo del cambio.
La versión de González debe entenderse dentro de su declaración testimonial y será valorada junto con las demás pruebas producidas en el juicio. El Tribunal de Sentencia está integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.
¿Qué cuestionamientos planteó sobre el título de Rivas?
Uno de los principales puntos de su testimonio fue la situación académica de Rivas al momento de su designación ante el JEM. González sostuvo que, cuando fue elegido en 2020, el título de abogado todavía no estaba inscrito ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Según la exsenadora, el registro se produjo el 9 de junio de 2020, pocos días después de la decisión de la Cámara de Diputados. También cuestionó el tiempo que habría demandado la tramitación administrativa y señaló que existían interrogantes sobre la carga horaria, las sedes donde Rivas habría cursado la carrera y otros elementos de su trayectoria académica.
La declaración incluyó referencias a la Universidad Sudamericana, institución de la que Rivas afirmó ser egresado. González señaló que, junto con el entonces diputado Raúl Benítez, impulsaron pedidos de informes y consultas relacionadas con la institución y con los antecedentes académicos del legislador.
En ese contexto, también mencionó un informe elaborado por el abogado José Casañas Levy, quien había sido su profesor y que, según González, cuestionó el cumplimiento de requisitos legales relacionados con el título.
Estos elementos forman parte de la línea argumental de la Fiscalía, que busca demostrar durante el juicio que Rivas utilizó documentación pública de contenido falso para acreditar una condición profesional que es objeto de controversia. La Corte Suprema de Justicia había anulado en mayo las resoluciones que habían dispuesto el sobreseimiento y confirmó la elevación de la causa a juicio oral.
¿Qué relación tuvo Rivas con el JEM?
La representación de Rivas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados constituye uno de los puntos de mayor relevancia institucional dentro del caso, debido a las atribuciones que tiene ese órgano sobre jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia.
González sostuvo que el cambio producido en 2020 desplazó a Ramón Romero Roa, a quien describió como un representante que rendía cuentas de su actuación. La exsenadora cuestionó que Rivas haya sido designado sin que, según su versión, se explicara el motivo de la sustitución.
La controversia volvió a aparecer en 2023, cuando Rivas, ya como senador, fue elegido nuevamente como representante de la Cámara Alta ante el JEM. En octubre de ese año, el propio Senado registró un proyecto de declaración presentado por Kattya González, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Ever Villalba y Líder Amarilla, que solicitaba a Rivas renunciar a esa representación por cuestionamientos sobre su idoneidad y honorabilidad.
El antecedente muestra que las dudas sobre las credenciales de Rivas no surgieron únicamente en el marco de la actual causa penal. La controversia ya había ingresado al debate parlamentario y estaba vinculada con el ejercicio de una función institucional dentro del sistema de justicia.
¿Por qué Kattya vinculó el caso con su salida del Senado?
Durante su declaración, González sostuvo que el caso de Hernán Rivas fue uno de los asuntos que contribuyeron a su pérdida de investidura como senadora. Según relató ante el Tribunal, recibió advertencias de colegas para que redujera la intensidad de sus cuestionamientos sobre el título de Rivas y otros asuntos políticos.
La exsenadora afirmó que esas advertencias provenían de integrantes de la bancada de Honor Colorado y sostuvo que interpretaba la protección política a Rivas como parte de un esquema de mayor alcance. Se trata de afirmaciones realizadas por González durante su testimonio y deberán ser contrastadas con el resto de las pruebas y testimonios incorporados al proceso.
La declaración adquiere relevancia política porque conecta un expediente penal individual con una disputa ocurrida dentro del Congreso Nacional. La cuestión ya no se limita a establecer cómo se obtuvo o utilizó un título cuestionado, sino que también incorpora el contexto en el que Rivas ocupó espacios de representación dentro de órganos vinculados con la administración de justicia.
¿Qué papel tuvo Raúl Benítez en las investigaciones?
El actual diputado Raúl Benítez también fue convocado como testigo por el Ministerio Público. Su nombre aparece en la declaración de González porque ambos trabajaron en conjunto durante el período en que ejercieron funciones parlamentarias y realizaron pedidos de información relacionados con los antecedentes académicos de Rivas.
La colaboración entre ambos legisladores incluyó, según el testimonio, gestiones relacionadas con la Universidad Sudamericana y la documentación utilizada para respaldar la formación profesional del exsenador.
El papel de Benítez resulta relevante para reconstruir la secuencia de actuaciones parlamentarias que precedieron a la judicialización del caso. Su testimonio puede aportar elementos sobre cuándo surgieron las primeras dudas, qué información fue solicitada a las instituciones involucradas y cómo evolucionó el debate dentro del Congreso.
La producción de estas pruebas ocurre en paralelo a la presentación de testimonios de exautoridades de la Universidad Sudamericana, quienes ya habían sido convocadas por la Fiscalía para aportar información sobre la trayectoria académica atribuida a Rivas.
¿Qué debe demostrar ahora la Fiscalía?
El testimonio de González forma parte de un conjunto de pruebas que el Ministerio Público busca presentar de manera secuencial para sostener su acusación contra Rivas. Las fiscales Patricia Sánchez Saldívar y Luz Guerrero Moral sostienen que el acusado habría utilizado documentos públicos de contenido falso para obtener su matrícula profesional y acreditar posteriormente su condición de abogado.
La causa tiene dos dimensiones que deben diferenciarse. Una corresponde a la eventual responsabilidad penal de Rivas por los hechos que se le atribuyen. La otra está relacionada con las circunstancias administrativas y documentales que permitieron que los documentos cuestionados fueran registrados y utilizados dentro del sistema institucional.
La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió en mayo de 2026 que las circunstancias fácticas sostenidas por el Ministerio Público debían ser debatidas en un juicio oral. La decisión anuló resoluciones anteriores que habían confirmado el sobreseimiento definitivo de Rivas y permitió que el proceso llegara a esta etapa.
Por ello, las declaraciones de González, Benítez y los demás testigos deberán ser analizadas junto con documentos, registros y pericias. El Tribunal deberá determinar si las pruebas demuestran los hechos atribuidos y la responsabilidad penal individual del acusado.
¿Qué impacto institucional tiene el caso Rivas?
El expediente tiene una dimensión que trasciende la situación personal del exsenador. La controversia involucra al MEC, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el JEM y una institución universitaria, debido a las distintas etapas en las que se habría utilizado o validado la documentación cuestionada.
La representación de Rivas ante el JEM agrega un componente institucional relevante. Ese órgano participa en procesos relacionados con la permanencia de magistrados y fiscales, por lo que la idoneidad de quienes lo integran constituye un elemento directamente relacionado con la confianza en el sistema de justicia.
En paralelo, la causa vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales una credencial académica puede transformarse en una habilitación profesional y posteriormente ser utilizada para acceder a funciones públicas. La seguridad jurídica depende, en parte, de que esas verificaciones sean trazables y consistentes.
El caso también tiene una dimensión de transparencia y gobernabilidad. Cuando las controversias sobre credenciales profesionales llegan al ámbito de la representación política y de los órganos de justicia, las instituciones deben demostrar que sus decisiones pueden ser respaldadas por procedimientos verificables y criterios objetivos.
¿Qué puede dejar el juicio más allá de la situación de Rivas?
El juicio oral deberá resolver una cuestión penal concreta: si Hernán Rivas cometió los hechos que le atribuye la Fiscalía y cuál es su responsabilidad frente a las pruebas presentadas. Sin embargo, el proceso también expone una cadena de decisiones administrativas y políticas que será observada más allá del resultado judicial.
El testimonio de Kattya González incorporó al debate la dimensión parlamentaria del caso, incluyendo la designación de Rivas ante el JEM, las dudas sobre sus antecedentes académicos y las actuaciones de legisladores que cuestionaron su idoneidad. El de Raúl Benítez puede complementar esa reconstrucción desde otra perspectiva.
Mientras avanza la producción de pruebas, el expediente pone bajo examen la relación entre credenciales profesionales, representación política y control institucional. La sentencia deberá determinar responsabilidades individuales, pero el desarrollo del proceso también permitirá evaluar cómo respondieron las instituciones cuando surgieron cuestionamientos sobre la documentación utilizada por un funcionario que llegó a ocupar espacios relevantes dentro del sistema de justicia.
Periodista Senior