La doctora Cecilia Pérez Rivas hace un año que está al frente del Ministerio de Justicia, cumplió un año de gestión en medio de la crisis penitenciaria y luego de la crisis de la pandemia del Covid-19, aunque destaca los avances en el sistema penitenciario, y más aún la expectativa que generará el nuevo plan de reforma que se implementará ya con las cárceles nuevas.
Con Pérez Rivas de nuevo al frente de la institución se continuó con los trabajos de construcción de nuevas penitenciarías que habían quedado en stand by con Julio César Ríos durante los primeros meses del Gobierno de Mario Abdo Benítez.
Recordemos que Ríos renunció tras la crisis penitenciaria declarada, con fugas masivas y luego con el rescate tipo comando de Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura y el asesinado del comisario Félix Ferrari en zona de la Costanera en septiembre del 2019.
Primero Cecilia Pérez volvió como viceministra de Política Criminal con Eber Ovelar, quien finalmente renunció por cuestiones de salud en noviembre, y el presidente sostiene a la actual como encargada de la conflictiva cartera.
POR UN NUEVO SISTEMA
“Avanzamos en la construcción de las nuevas penitenciarías donde implementaremos un nuevo sistema de gestión, para ello concretamos importantes cooperaciones internacionales, capacitamos a los servidores y seguimos haciendo frente a la corrupción”, indicó Pérez Rivas.
La ministra comentó que tras recabar experiencias de varios países que realizaron reformas en su sistema penitenciario, destacó uno de ellos, el de República Dominicana, y que tiene que ver con la construcción de los nuevos centros de privación de libertad.
“La solución hoy es empezar de cero. Nosotros tenemos funcionarios penitenciarios que no tienen formación, si bien tenemos cursos de capacitación, pero no una formación en una Academia Penitenciaria”, dijo, y añadió que en Paraguay ya existe un “Instituto Superior que ya está en estudio, que se está ajustando con la Ley de Educación Superior con cooperación del MEC (Ministerio de Educación y Ciencias), que tiene que aprobar, y también ajustar la malla curricular también con la Isepol (Instituto Superior de Educación Policial)”, comentó.
Ahora, cuál es el proyecto, en primer lugar cambiaron el nombre, que no sean más agentes penitenciarios y que los egresados de una carrera de tecnicatura se reciban de agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. Vigilancia abarca todo el aspecto de seguridad y Tratamiento todo lo que tiene que ver con el trabajo de la rehabilitación y la reinserción.
Cecilia Pérez Rivas explicó que la misión es que a partir del año que viene empiece ya la formación de los nuevos agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario, que será un año teórico, y que en el segundo año, como medida excepcional y con las nuevas penitenciarias ya terminadas, cumplan la parte práctica ya trabajando y culminar la tecnicatura.
SIN CONTAMINANTES
“Las penitenciarías con los equipamientos y la tecnología estarían en poco más de un año, y la idea es trasladar a los condenados a esos centros penitenciarios”, indicó. Pero uno de los principales puntos, que justamente es la experiencia de República Dominicana, tiene que ver con que los funcionarios penitenciarios viejos no se mezclen con los nuevos, y trabajen en centros diferentes.
La experiencia de los países que tienen tecnicaturas para los funcionarios que trabajan en cárceles es que, en primer lugar, los viejos agentes penitenciarios no se mezclan con la nueva generación que se va formando, apuntando a combatir la corrupción.
“A esto decidimos apostar, ya que la experiencia de los otros países es que con formación y educación no se elimina la corrupción, pero se disminuye sustancialmente el porcentaje, más allá de los sistema de control”, destacó la ministra de Justicia.
Otro de los aspectos es llegar a cumplir con lo que emana la Constitución de la República, que es tener a la población condenada de la población con medidas de privación de libertad, ya que hoy en nuestras cárceles están todos mezclados. Y esto tiene que ver con que el trabajo de rehabilitación y reinserción empieza una vez que la persona tenga una condena.
En Paraguay hoy apenas el 25% de las personas privadas de libertad tiene condena, de los poco más de 14 mil que están dentro de los centros penitenciarios.
El Ministerio de Justicia informó que se está avanzando en la construcción de tres nuevas penitenciarías, como las dos en Emboscada y una en Minga Guazú, donde se implementarán un nuevo modelo de gestión que cuenta con el asesoramiento de expertos de Brasil y Estados Unidos.
DESTACADOS
Uno de los problemas del sistema penitenciario justamente es el hacinamiento. Paraguay, por el abuso irracional de las medidas de privación de libertad, que son una excepción según el Código Procesal Penal, llevó a colapsar las cárceles. Sin embargo, en medio de la crisis, las escenas dantescas de crímenes entre carteles, llegó el Covid-19.
“El 2020 nos llegó una crisis sobre una crisis que ya teníamos”, recordó Cecilia Pérez Rivas, quien destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para establecer protocolos, porque el miedo era que una vez que llegue el virus en los centros penitenciarios sea una catástrofe.
“Reconocemos el esfuerzo enorme que han realizado todas las personas privadas de libertad y sus familias. La distancia se profundizó con la cuarentena, pero gracias al trabajo articulado se pudo contener el avance del virus para que hoy podamos implementar un modo seguro de vivir”, remarcó.
En tanto que el trabajo con enfoque de Derechos Humanos y la asistencia a grupos vulnerables a través del programa Casas de Justicia, permitió dar mayor dinamismo a los trabajos.
La cartera destacó la habilitación de la web www.derechoshumanos.gov.py, donde se reciben denuncias de violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario, que permitió generar respuesta de visitas constantes y de monitoreo por parte del Viceministerio de Justicia.
Incluso, y en lo que a derechos se refiere, también se articuló con el Ministerio de la Mujer, una serie de capacitaciones dentro de las penitenciarías sobre la Ley N° 777/16 “De protección integral a mujeres contra toda forma de violencia”.
Y la modalidad de Casas de Justicia Móvil permitió llegar con asistencia multiagencial a zonas vulnerables y alejadas de la capital, incluidas las visitas a comunidades nativas.
Como así también el programa Latente, a través de www.latente.gov.py, sitio que promociona los productos que son elaborados por artesanos que están privados de libertad.
Por último, destacó el equipo de trabajo, si bien hubo algunos que fueron cambiados, porque Pérez Rivas dejó en claro que sería implacable con irregularidades, agradeció el compromiso de otros.
“En un año que pasó de todo, puedo decir que lo más destacable fue la indoblegable fortaleza de mis colaboradores, a quienes agradezco profundamente porque la pandemia no nos detuvo”, puntualizó la ministra.
