Las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin resolverse. Un informe de seguimiento al ejercicio fiscal 2024, con evaluación extendida hasta 2025, confirma que persisten fallas en la gestión de personal, la administración y los servicios hospitalarios bajo la presidencia de Jorge Brítez.
El nivel de cumplimiento alcanza apenas el 57%, según el reporte. Entre los principales hallazgos figuran profesionales de la salud que continuaron en funciones con habilitaciones vencidas, percibiendo salarios por montos millonarios. Las medidas adoptadas por la previsional fueron consideradas parciales.
La CGR también detectó debilidades en el control del plantel: más de 25.000 funcionarios no figuran en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SINARH), lo que limita la trazabilidad de pagos y compromete el control presupuestario.
En cuanto al uso de recursos, se observaron pagos que no se ajustan a la normativa, como subsidios familiares abonados de forma fraccionada por más de G. 13.800 millones, además de bonificaciones y beneficios otorgados sin respaldo legal.
Otro punto crítico es la falta de sanciones en casos de certificados de reposo falsos, que seguían sin resolución hasta diciembre de 2025.
Pese a la reiteración de estas irregularidades, el IPS no emitió una respuesta oficial. Desde la institución señalan que se encuentra en elaboración un informe, pero hasta el cierre no hubo pronunciamiento de sus autoridades.
En paralelo, gremios médicos expresaron preocupación por la habilitación de nuevas carreras de Medicina por parte del Cones, al advertir posibles contradicciones técnicas y falta de transparencia en el proceso.
Periodista Senior