Equipos médicos adquiridos para quirófanos modulares permanecieron casi dos años sin uso, mientras el IPS prepara una denuncia penal por el caso.
El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que equipos médicos valuados en aproximadamente US$ 20 millones permanecieron cerca de dos años almacenados en contenedores dentro del predio del Hospital Central, luego de que se constatara que el edificio no reunía las condiciones estructurales para instalar los quirófanos modulares previstos. La actual administración anunció una auditoría técnica y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por presunta lesión de confianza.
¿Cómo se originó el conflicto en el Hospital Central?
El caso se remonta a la adquisición de equipos de alta tecnología destinados a la instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Hospital Central. Sin embargo, informes técnicos detectaron problemas estructurales que impedían soportar el peso de las nuevas instalaciones, situación que mantuvo clausurada esa área durante aproximadamente 24 meses.
Pese a esas limitaciones, el proceso de compra continuó durante administraciones anteriores, generando una inversión que finalmente no pudo ser utilizada en el lugar previsto.
¿Qué ocurrió con los equipos adquiridos?
Al no existir un espacio apto para su instalación, los equipos permanecieron almacenados en contenedores ubicados dentro del predio del hospital, expuestos durante meses a condiciones climáticas que podrían haber comprometido su funcionamiento.
El presidente del IPS, Isaías Fretes, reconoció que parte de los dispositivos podría haber sufrido daños debido al prolongado período sin utilización y a la ausencia de mantenimiento especializado, aunque una evaluación técnica determinará el estado real de cada componente.
¿Cuál es el impacto para los asegurados?
El caso adquiere mayor relevancia porque los equipos fueron adquiridos con el objetivo de ampliar la capacidad quirúrgica del Hospital Central, mientras miles de asegurados continúan enfrentando demoras para acceder a cirugías, consultas especializadas y procedimientos médicos.
La imposibilidad de utilizar la infraestructura proyectada también representa un impacto sobre la eficiencia del gasto público y la planificación de inversiones dentro del sistema previsional.
Entre las principales consecuencias se encuentran:
- US$ 20 millones en equipos sin utilización durante casi dos años.
- Retraso en la incorporación de nuevos quirófanos modulares.
- Posible deterioro de equipos biomédicos de alta complejidad.
- Persistencia de demoras en la atención quirúrgica de los asegurados.
- Investigación administrativa y denuncia penal en preparación.
¿Qué medidas adoptará la actual administración del IPS?
Las nuevas autoridades anunciaron una verificación técnica para establecer qué porcentaje de los equipos aún puede recuperarse y evaluar alternativas para su eventual reubicación en otras dependencias de la previsional.
Además, el IPS informó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por presunta lesión de confianza, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas y penales derivadas del proceso de adquisición y planificación de la obra.
¿Qué desafíos institucionales deja este caso?
El episodio vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de planificación, control y ejecución de las inversiones públicas dentro del sistema de salud. La compra de equipamientos sin verificar previamente la viabilidad de la infraestructura plantea interrogantes sobre los procesos de evaluación técnica, coordinación institucional y administración de recursos.
Más allá de la eventual responsabilidad penal que determine la investigación, el caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles internos, la transparencia en las contrataciones públicas y la rendición de cuentas en proyectos de alto impacto financiero, especialmente en instituciones que administran recursos destinados a la atención sanitaria de miles de asegurados.
Periodista Senior