La Cámara de Diputados aprobó el pedido de interpelación de Luis Villordo, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Por este motivo, el titular de la estatal deberá responder una serie de preguntas en fecha aún a definir. A Villordo se lo responsabiliza de supuestas sobrefacturaciones intencionales en contra de los usuarios durante los meses de pandemia.
Si bien las sobrefacturaciones en realidad existieron, la estatal refiere que solo se trató de un error en los cálculos, debido a la imposibilidad de enviar a sus técnicos a realizar los cálculos por el aislamiento sanitario.
Las consultas que le realizarán los legisladores se centrarán principalmente en los sobrecostos de las facturas, pero además se le pedirá explicaciones sobre algunas llamativas compras de postes denunciados también como sobrefacturados.
Así también se le consultará sobre cuál será su aporte para la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú y como avanzan las investigaciones. Esto último atendiendo al casi trágico acta bilateral perjudicial para el país denunciando hace poco más de un año atrás.
En principio, la interpelación ya debía aprobarse la semana pasada pero Esteban Samaniego diputado de la ANR, primo del exintendente de Asunción y también diputado Arnaldo Samaniego solicitó la postergación por ocho días más.
Si bien, la multibancada se limitó a pedir la interpelación, hubo otros sectores como el llanismo que instaron a Mario Abdo Benítez, presidente de la República a destituir al cuestionado presidente de la ANDE directamente.
BLANCO DE CRÍTICAS
Desde hace 30 días la estatal es blanco de críticas. Las mismas iniciaron por una denuncia del sindicato de trabajadores de la ANDE por una supuesta sobrefacturación en la compra de postes de electricidad. Los denunciantes señalan que la empresa pública pagó G. 1.600.000 por cada columna cuando su precio es solo G. 800.000.
En su momento, Villordo respondió que no se trata de “columnas convencionales” ya que poseen materiales metálicos específicos en su interior y de ahí el costo más elevado.
Pero los cuestionamientos se acentuaron diez días después cuando se registraron más de 40.000 errores en la medición del consumo eléctrico durante la pandemia. Esto generó largas filas y aglomeraciones de personas que fueron a reclamar los sobrecostos, desembocando incluso en que Salyn Buzarquis, senador nacional por el PLRA se encadenara en la estatal en reclamo de las irregularidades. Reclamo extremo que tuvo eco favorable en sus colegas quienes apoyaron y aprobaron la cancelación de facturas que había solicitado vía proyecto de ley.
Dicho documento, en la fecha fue vetado por el Ejecutivo que en su lugar como compensación, decidió extender por dos meses la exoneración del consumo de energía eléctrica.
