Suele decirse que los hijos no tienen por qué afrontar las culpas de sus padres, argumento que podría devolverse en sentido contrario, como en el caso del hijo de la senadora en cuestión.
A la honorable, en principio, no podría cargarse el hecho que a su hijo le importe un corno la cuarentena y haya decidido mandarse a mudar del país para ir a pescar vaya uno a saber dónde, en Argentina, con las consecuencias ya sabidas. Las autoridades de migración capturaron al ilegal que, sin duda, habrá roto también la cuarentena que rige en el país vecino, que finalmente decidió deportarlo como a un extranjero indeseable pillado infraganti . Hasta ahí, todo correcto y debería haberse reducido a un problema familiar de índole estrictamente privada.
Pero como la honorable ostenta un cargo público de influencia, no tuvo mejor idea que tocar las puertas del poder administrador y comprometer en el embrollo al jefe de los ministros del Presidente de la República, dice que para “enterarse de los procedimientos” utilizados en estos casos.
¿De qué procedimientos habla la honorable? Cuando un extranjero es capturado violando alguna regla o ley, hay varias instancias. Una de ellas es detenerlo, abrirle un sumario y, eventualmente, procesarlo, si es que el caso lo merece. O, simplemente expulsarlo del país, proceso mucho más expeditivo y barato que enjuiciarlo, condenarlo y mantenerlo en prisión con los costos inherentes.
En el caso del hijo de la honorable, el método elegido por la Gendarmería fue reexpedir sumariamente al interfecto a su país de origen, seguramente para no incurrir en gastos inútiles. Si hubiera envuelto a un “común”, el episodio habría sido insignificante. Sólo que al ser protagonizado por el primogénito de una honorable del Senado, subió un escalón, al de “insignificancia importante”.
De todas maneras, la cosa no termina con el accidentado retorno del violador de cuarentenas. Si bien la sacó barata en Argentina, tiene una cuentita que arreglar con la justicia paraguaya, en especial con la ley 716 que sanciona los delitos contra el medio ambiente y que castiga con penas de entre seis y 18 meses de prisión a “los que violen las vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias”. Si zafa de la cárcel, igual tendrá que pagar unos 43 millones de multa.
Cicerón, el honorable senador, dijo: “Para ser libres hay que ser esclavos de la ley”. Y está todo dicho.
