La semana pasada el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Mereles, se reunió con el titular de la Cámara Alta, Óscar Salomón a fin de solicitar el tratamiento de un proyecto que de ley que presentará al Legislativo que busca la autorización para vender las tierras de Antebi Cué (que abarca parte de los departamentos de Concepción y Amambay) a sus actuales ocupantes.
Desde el Indert pretenden que los fondos que se generen con la venta de las mencionadas tierras, se destinen para el pago de las deudas históricas por compras de tierras en la Región Oriental y que supuestamente beneficiaría a miles de familias de los sectores más vulnerables del campo, mediante la formalización y titulación de los lotes agrícolas.
Además, en esa reunión con el titular del Congreso, Mereles solicitó que se reponga al ente rural los fondos que les fueron recortados considerablemente en los últimos años a la institución. En este punto, vale indicar que el presupuesto de esta entidad sufrirá una disminución del 30% en el 2021, esto en comparación el vigente.
Tras darse a conocer la solicitud, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) anunció su postura en contra de la solicitud argumentando que en caso de que apruebe el proyecto se dejará un precedente jurídico de regularizar la tenencia y ocupación irregular de la tierra.
Así también que de esta manera se fomentaría las invasiones a propiedades privadas en contradicción a lo que señala el artículo 109 de la Constitución Nacional, que garantiza la propiedad privada, estableciendo que la misma “es inviolable y que nadie puede ser privado de la misma sino en virtud de sentencia judicial”.
Además mencionó que se priorizaría a los no sujetos de la reforma agraria contrario a lo que dispone el Estatuto Agrario, y se discriminaría a sectores vulnerables que necesitan regularizar sus ocupaciones de hecho.
“Mi posición es claramente contraria, nos encontramos en un Estado de Derecho, que debe imponer la institucionalidad y la legalidad en todos los actos. Aquellos que no son sujetos de la reforma agraria, no pueden ocupar estas tierras, por lo que todas las instituciones competentes deben encargarse de dar garantía de cumplimiento de la Ley”, explicó el senador.
Silva Facetti adelantó que junto a algunos de sus colegas formularán un pedido de informe al Indert respecto a este caso y por otra parte emitiran una declaración firme dirigida al Procurador General de la República, y además impulsarán las medidas requeridas para la recuperación de las mencionadas tierras e instarán para la intervención de las instancias jurisdiccionales competentes.
“Como Estado debemos atender de una vez por todas, este grave problema. No dejemos precedente jurídico sobre aceptar la tenencia y ocupación irregular de la tierra, ni fomentar las invasiones a propiedades privadas”, reiteró.
SOLICITUDES ANTERIORES
Es importante mencionar que esta no es la primera vez que buscan blanquear las tierras de Antebi Cué, sin embargo, no prosperaron en ninguna de las ocasiones ya que siempre el parlamento se opuso a las iniciativas presentadas.
Además existen innumerables pedidos de informes y varias declaraciones que se relacionan a este tema en el Legislativo. En el 2012 en la Cámara de Diputados se había presentado un proyecto de Ley por la cual se regulariza la posesión y tenencia de inmuebles de las fincas sujetas a la expropiación de Antebi Cué.
El tratamiento fue larguísimo y en doble trámite, se había aprobado pero el Ejecutivo vetó y finalmente el Congreso no pudo ratificarse en su decisión por lo que avanzó el rechazo. Después en el 2018, en el Senado, se presentó un proyecto similar pero en este marzo del 2020 se rechazó en la cámara de origen por lo que fue archivado.
