La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), brindó una conferencia de prensa donde se brindaron detalles sobre el “Operativo Facturación 2.0”. En la misma, Óscar Orué, titular de la entidad, denunció que 17 municipalidades y una gobernación utilizaron facturas falsas.
La investigación trata sobre facturas que datan de los años 2018, 2019 y 2020. Por ello, no descartan que años anteriores también hubieren incurrido en delitos similares.
Orué señaló que utilizaron la herramienta big data para avanzar en el caso. El principal proveedor no pudo justificar sus costos y gastos, por ello comprobaron la irregularidad. El Operativo Facturación 2.0 duró cuatro meses de investigaciones. Detectaron facturas falsas por G. 150.000 millones (US$ 24,7 millones), pero lo relacionado específicamente a 17 municipios y una gobernación representa G. 57.000 millones (US$ 8,3 millones).
Lo llamativo es que la Subsecretaría aumenta paulatinamente las exigencias a los contribuyentes. Cuando en realidad el Ejecutivo mismo es uno de los principales evasores.
MÁS DETALLES
Las facturas falsas están relacionadas a obras públicas, pero el proveedor en cuestión (un adulto mayor de 80 años), no pudo justificar la compra de ningún material de construcción. Tampoco la contratación de ningún personal. Esto generó la inconsistencia desde el punto de vista tributario.
Orué ya comunicó a Sandra Quiñónez esta situación, la misma está fuera del país. También a Camilo Benítez, contralor general de la República.
FACTURAS
Juan Olmedo, director de grandes contribuyentes de la SET, detalló que se trata de alrededor de 1.600 facturas de contenido falso o clonadas. Señaló que este corte es preliminar y que las investigaciones seguirán avanzando.
“Se seguirá haciendo un control global después. Investigaremos la incidencia en el daño patrimonial por el uso de los recursos públicos”, comentó.
ENTES PÚBLICOS
Durante la rueda de prensa, Orué no quiso dar detalles de cuáles son los entes públicos en cuestión. Señaló que recién revelarán los datos este viernes, cuando presenten la denuncia formal ante el Ministerio Público.
Sin embargo, según trascendidos de la prensa, se pudo ya tener una probable lista de las entidades que incurrieron en el delito. Se trata de 11 intendencias y una gobernación liberal, más seis intendencias coloradas.
Las mismas son; Gobernación de Cordillera de Hugo Fleitas (liberal), intendencias de; Ypacaraí (Raúl Negrete), Pirayú (Guido Gayoso), Mbuyapey (Luis Aponte), Juan de Mena (Juan Antúnez), Mbokajaty del Yhaguy (Jacinto González), Yaguarón (Luis Rodríguez), Itauguá (Miguel Ángel Meza), Villeta (Teodosio Gómez), Isla Pucú (Sonia Fleitas), Fernando de la Mora (Alcides Riveros) y Santa Rosa Misiones (Arnaldo Valdez), todos del PLRA.
Mientras que de la ANR son; Tebicuarymi (Vicente González), Guarambaré (José Vallejos), Jesús (Hernán Schlender), Gral. Patricio Escobar (Elvio Ruiz Díaz), San Alberto (Carlos Ramírez) y San Roque González (Óscar Alfonzo).
