La caradurez de los diputados ya no tiene límites. Poco les importó que sus vecinos de cámara, los senadores, renunciaran al seguro médico pagado por el contribuyente, decisión que tomaron poco después de declararse la emergencia por COVID 19. A ellos no les “entró bala” y siguen disfrutando de un privilegio vedado a la inmensa mayoría de los paraguayos.
Este año, los 80 diputados y 1.400 funcionarios de la cámara concluirán su período ordinario de sesiones disfrutando, sin pagar un guaraní de su bolsillo, de: 124 especialidades médicas, atención a domicilio, estudios laboratoriales especializados, ecografías ilimitadas y toda clase de servicios de la medicina prepaga que al ciudadano de a pie –el que puede pagarlos- le cuesta un mínimo de 7 millones al año para un plan básico. Ni hablar del plan VIP plus que ese mismo ciudadano de a pie le paga a cada diputado a razón de Gs. 20.400.000 anuales cada.
Un diputado cobra mensualmente una dieta de Gs. 32 millones más gastos de representación, cupos de combustible, extras varios y sigan contando. Los 1.400 funcionarios de la cámara cobran desde un mínimo de 6.800.000 guaraníes (un técnico cualquiera) hasta los Gs. 21.600.000 que cobra el secretario general, Gs. 19.700.000 del secretario administrativo, Gs. 19.700.000 un director general, Gs. 19.300.000 un coordinador general, Gs. 17.000.000 un director a secas (los hay por docenas), o asesores a los que se les paga entre Gs. 15 y 17.000.000, o los Gs. 10.000.000 que cobra un jefe de departamento (también los hay por cardúmenes) y bellezas presupuestarias similares. A toda esta gente, como si no bastaran los salarios de lujo que cobran por trabajar cinco días a la semana y 6 horas por jornada, hay que pagarles un seguro médico.
La hermandad de la costa encabezada por Pedro Alliana no sólo hizo caso omiso de la ley “que prohíbe las compras superfluas, excesivas e innecesarias…” y un largo etcétera, sino que se han burlado ofensivamente de la misma, que en su artículo tercero veda la contratación de seguros médicos privados para funcionarios públicos a costa del presupuesto general de la Nación. Hicieron sus cuentas, aplicaron ratios sólo por ellos conocidos y decidieron seguir con la fiesta pese al desquicio financiero provocado por la pandemia.
Y el saqueo sigue, con toda desvergüenza y alevosía.
