Alrededor de 60 gremios, representados por sus autoridades, brindaron una conferencia de prensa en la mañana del miércoles. El objetivo fue demostrar su apoyo al proyecto de ley “que modifica el artículo 216 de la ley 1.160/1997 del Código Penal”. El mismo es impulsado por los senadores Enrique Riera, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen.
El proyecto podría ser tratado hoy jueves si reúne los votos para ser dictaminado previamente en comisiones.
“Esta no es una discusión si los ciudadanos tienen o no derecho a protestar, como interesadamente algunos sectores lo plantean. Es una discusión en torno a si vamos a seguir permitiendo, o no, que un grupo de personas coaccionen al resto de los paraguayos, provocando peores crisis de las que ya tenemos”, señaló en conferencia Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial del Paraguay (UIP).
Duarte destacó que no es aceptable que algunos sectores, enarbolando la bandera del derecho a manifestarse, obvien las garantías constitucionales de los demás ciudadanos.
“El libre tránsito, así como todos los derechos y garantías constitucionales, no pueden ser objeto de discusión alguna. Todos debemos respetarla en igualdad de condiciones”, expresó.
Finalmente instó a que el Estado no permita una negociación sobre el derecho a circular, a trabajar y por sobre todas las cosas, vivir con libertad.
“Seamos claros, no permitamos que la irracionalidad de algunos sectores nuble nuestro propio juicio sobre lo que aquí sucede. Estamos en una situación económica muy incidida por factores exógenos; no es culpa de los actores económicos, de la sociedad ni del Gobierno que los precios internacionales de los derivados del petróleo hayan subido últimamente”, sentenció.
AYALA PERSON
Gloria Ayala Person, economista, señaló que la única solución para este problema es que la ciudadanía se una para reclamar un Estado fuerte que no se deje extorsionar.
“Desde el sector privado estamos tremendamente preocupados. Apoyamos el proyecto de ley de Enrique Riera”, señaló.
GALLI
Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), lamentó el gran perjuicio que genera este grupo de personas que creen que a través de la extorsión y el chantaje pueden obtener cosas.
“Por la gran sequía que afecta a la producción, la guerra internacional y los precios de petróleo, no se puede avasallar los derechos de terceros. Nos parece egoísta y criminal”, manifestó.
Al ser consultado sobre los cuestionamientos que existen en torno al proyecto de ley de Riera ya que criminaliza las luchas sociales, señaló que el espíritu del documento es ejercer un efecto disuasivo para evitar que se produzcan estas medidas de fuerza.
“Lo que queremos es dejar claramente nuestra posición de que estamos en contra de que, con el pretexto de un derecho, se avasallen los derechos de las demás personas. Es un contrasentido y es una medida que perjudica a todo el sector empresarial. Es una medida egoísta”, sentenció.
