Los hechos delictivos que aquejan al país se encuentran en repunte y en lugar de hablar de la planificación de verdaderas políticas de seguridad, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, atribuye las falencias a falta de presupuesto y personal policial.
Ayer se llevó a cabo una mesa directiva en el Senado con el comandante de la Policía Nacional, el comisario general Luis Arias, y el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, para hablar sobre la seguridad planteada para el norte del país.
A lo largo de la reunión, el encargado de la cartera del Estado, mencionó que ya está en ejecución el uso coordinado de los integrantes de las Fuerzas Públicas en los departamentos del norte del país, en busca de garantizar la seguridad.
“Debe haber un abordaje más estatal, intrainstitucional; contar con el involucramiento de gobiernos locales, comisiones de seguridad ciudadanas, etc.”, declaró Giuzzio, añadiendo que lastimosamente no existe suficiente presupuesto para cada planteamiento.
Por su parte, el comandante Arias explicó que, dentro de sus limitaciones y de acuerdo a las inversiones disponibles, la Policía Nacional hace lo humanamente posible para combatir la inseguridad en la zona Norte del país, agregando que falta más infraestructura con patrulleras para combate a la delincuencia en el Norte.
PADECIMIENTO GENERAL
Más allá de algunos planes existentes en torno a la situación del norte del país, la inseguridad no consiste en una realidad aislada o individual, pues diversas partes de la nación se encuentran sumidas a un nivel muy intenso de desprotección.
Tal es el caso de los pobladores del Centro de Asunción, quienes incluso denuncian que ya no pueden circular de manera tranquila a partir de las 15:00 horas, debido a la inseguridad reinante en el lugar.
Desde caños de acondicionadores, para vender posteriormente por kilo teniendo en cuenta el material de cobre, hasta medidores de la Essap, los pobladores del centro se encuentran a la deriva absoluta, pues prácticamente son rapiñados indiscriminadamente.
“La problemática es muy compleja porque va creciendo a causa de diversos factores: una policía desmotivada, con poca capacitación y falta de un presupuesto suficiente para mejores equipamientos, sumándole también la nula inversión en tecnología”, destacó el diputado de la ANR, Walter Harms.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el parlamentario comentó que cada vez resulta más difícil vislumbrar verdaderos mecanismos de prevención ante tanta inseguridad. Acotando que la situación económica también influye, pues muchas personas se ven “obligadas” a delinquir por culpa de un Estado que no genera posibilidades de empleo.
“De alguna manera, Giuzzio tiene responsabilidad por la inseguridad porque es el ministro del Interior y ahora se encuentra ligeramente en duda. Por ello creo que el presidente debería evaluar su gestión y analizar un cambio en esa cartera; es evidente que su gestión no tiene resultados”, sentenció Harms.
FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
De acuerdo al Dr. en Criminología por la Universidad de Barcelona, Juan Martens, se debe aplicar una política de seguridad, dependiendo de cada sector de la población. Para ello, se debe recurrir a la elaboración de Encuestas Nacionales de Victimización (ENV), para catalogar las inseguridades padecidas indistintamente por diversos grupos de personas.
“La política de seguridad debe ser global, pero sectorizada para mujeres, para niñas/os, para quienes se movilizan exclusivamente en transporte público, entre otras cosas. Se debe identificar todas las amenazas posibles y luego hacer un plan de seguridad”, determinó el experto.
El Dr. en Criminología sentenció que, en lugar de aplicar todos estos planes, se recurre a una reacción emocional e intuitiva en lugar de recurrir a la ciencia y los resultados se ven a simple vista: hay mayor inseguridad y no existe una verdadera protección para los ciudadanos.
Martens aclaró que el Estado había aplicado un estudio con respecto a las Encuestas Nacionales de Victimización, sin embargo hasta el momento no se publicó ningún tipo de resultados. Por parte del Dr. y un equipo investigativo, se llevó a cabo un Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay, que data del 2017, y solo se cuenta con esta fuente.
Así, quedó determinado que los hechos punibles contra la propiedad, entre el 2013 y 2017, aumentó un 6,10%. Mientras, unas 2.599.736 personas dijeron haber sido víctimas de alguno de los delitos indagados en el 2017.
La ENV 2010 que se realizó a instancias del Ministerio del Interior había registrado una población victimizada del 27,3%. De esta manera se produjo un incremento porcentual del 31,8% entre los años 2010 y 2017.
