El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz volvió a reiterar que un funcionario público no puede ejercer cargos ejecutivos, de administración o de asesoramiento dentro de una empresa que provea al Estado y que incluso esto está estipulado en el artículo 60 de la Ley de la función pública.
No obstante, aclaró que actualmente no existe incompatibilidad legal para que los funcionarios públicos sean accionistas de empresas proveedoras del Estado, siempre y cuando la firma en cuestión no sea contratada por la institución pública en la cual el accionista ejerce su cargo.
En este punto habló sobre el caso del titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), Natalicio Chase, quien figura como accionista de una firma que fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas para el mantenimiento de caminos por un valor de casi G. 8.000 millones.
Seitz dijo que desde la DNCP ya han iniciado las investigaciones y han solicitado al MOPC informaciones sobre quiénes fueron las personas que representaron a la empresa Jónica S.A. en el marco de la licitación que le fue adjudicada para mantenimiento de caminos vecinales.
“Nosotros sabemos que el contrato de la empresa Jónica S.A. no fue suscripto por el titular de la Essap, pero el señor Chase figura como representante legal en el sistema de información de proveedores del Estado y lo que debemos obtener para concluir nuestro proceso investigativo es si Chase actuó o no como representante al momento de presentar la oferta”, explicó.
Seitz agregó que con el informe que les remita el MOPC podrán determinar si hubo o no actividad puntual por parte de un funcionario público al momento de representar a la empresa. No obstante, reiteró que si Chase solo cumple un rol de accionista y no hizo ningún tipo de intervención en la licitación no habrá mayores problemas.
“Tenemos que corroborar todos los extremos antes de poder llegar a alguna conclusión, eso independientemente a que cuando nosotros analizamos el caso llegamos también a lo que es la verificación contractual a los efectos de determinar si el contrato fue o está siendo cumplido o no adecuadamente como es usual de parte de la DNCP cuando tenemos los procesos de investigación”, añadió.
El titular de la DNCP sostuvo que una vez tengan el informe del MOPC en poco tiempo ya podrán expedirse respecto al caso e incluso estimó que para este lunes ya tendrán las conclusiones. Sin embargo, explicó que a lo que hace a la verificación contractual sí llevará más tiempo pero que es un capítulo separado de la intervención de un funcionario público en la licitación.
De esta manera, con las declaraciones de Seitz se podría adelantar que Chase no tendría ninguna sanción por ser parte de una empresa que provee al Estado. En contrapartida, cabe recordar que semanas atrás, por una situación similar a esta Rodolfo Friedmann tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Agricultura debido a que la firma ESSA, a la que estaba relacionada, participó de licitaciones por merienda escolar.
E inclusive fue desaforado e imputado junto a otras personas por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.
Por otro lado Seitz señaló que no es visto con buenos ojos que el funcionario público pueda ser accionista de una empresa proveedora del Estado y que por esta razón plantean modificar la normativa actual.
“La DNCP ya presentó hace más de un mes al Ministerio de Hacienda el proyecto de modificación de la Ley de contrataciones públicas donde se incluyen en los incisos 1 y 2 del artículo 40 sendas modificaciones para que todas las autoridades públicas estén comprendidas dentro de las inhabilitaciones para proveer al Estado, incluyendo aquellas que acceden a cargos electivos, y también a las de empresas públicas”, reveló.
