Las autoridades de regulación de la salud del Brasil tuvieron que poner en pausa los ensayos clínicos de una vacuna contra el COVID-19 de origen chino. Todo fue a partir de un incidente calificado de “grave” ocurrido con un voluntario en quien estaba siendo probada la especialidad con el objeto de establecer el grado de respuesta y la capacidad de desarrollo inmunológico de que sería capaz la vacuna.
Los ensayos clínicos buscan, de acuerdo a los protocolos universalmente aceptados, establecer de manera segura una capacidad de respuesta inmunológica que alcance un grado aceptable de eficacia, logrando la inmunización de una porción mayoritaria de la población tratada. Esta eficacia puede partir de un 60% hasta un 90%.
Toda la casuística acumulada a través de décadas de investigaciones laboratoriales y ensayos clínicos de campo ha ido estableciendo protocolos divididos por fases, que en el caso de las vacunas son tres. Y algo ha quedado como verdad inalterable: los procesos no pueden acelerarse, como tampoco pueden saltearse etapas so pena de pagar las consecuencias por el camino.
El episodio más dramático producto de apresurar procesos se dio en 1955 en Estados Unidos, con el denominado “incidente Cutter”, tomado del laboratorio del mismo nombre que trabajó en el desarrollo de una vacuna contra la poliomielitis. Debido a la premura por responder a una demanda desesperada de la población, el laboratorio produjo aceleradamente lotes de vacunas “antipolio” que en realidad contenían el virus vivo de la enfermedad. De 225.000 niños que recibieron la vacuna, unos 40.000 contrajeron la enfermedad, la mayor parte con niveles bajos de
contagio.
Pero alrededor de 250 desarrollaron parálisis y 10 de ellos murieron al cabo de una semana. La vacuna anti COVID-19 está siendo sometida a toda clase de presiones políticas. El saliente Presidente Donald Trump la quería para mejorar su performance pre electoral. El Presidente argentino Alberto Fernández, apostando a la vacuna rusa Sputnik, intenta restaurar los desastres de una pandemia mal administrada y una economía totalmente descangallada.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, por su parte, tuvo que poner freno de mano y parar todo hasta que se aclare el incidente denunciado.
Cuando la política mete la nariz en la ciencia, el resultado siempre es el mismo.