miércoles, agosto 5

Fiscalía aceleró imputaciones por el caso IPS tras detectar filtraciones en la investigación

El fiscal Julio Ortiz afirmó que las filtraciones obligaron a acelerar las imputaciones por el presunto desfalco de G. 61.000 millones en el IPS.

El fiscal Julio Ortiz, de la Unidad N.° 3 de la sede 1 de la Capital, confirmó que la investigación sobre el presunto desfalco de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) sufrió filtraciones que lo llevaron a adelantar la imputación contra nueve exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez. La causa investiga la compra de quirófanos modulares que nunca fueron instalados y que finalmente vencieron sin cumplir el objetivo para el que fueron adquiridos.

El Ministerio Público imputó a los exdirectivos por el presunto hecho punible de lesión de confianza y solicitó la prisión preventiva de Bataglia y Brítez, al considerar que las irregularidades ocasionaron un millonario perjuicio patrimonial a la previsional.

¿Por qué el fiscal decidió adelantar las imputaciones?

Durante una conferencia de prensa, Ortiz reconoció que la existencia de filtraciones modificó el curso de la investigación.

«Sí, hay muchas filtraciones y a consecuencia de eso es que precipité ya la imputación», afirmó.

El fiscal explicó que inicialmente pretendía reunir más elementos antes de presentar cargos, con el objetivo de determinar si existían otros responsables dentro de la estructura administrativa del IPS.

Sin embargo, el riesgo de que la información siguiera circulando lo llevó a acelerar la formalización de la causa.

¿Qué ocurrió durante la diligencia en el IPS?

Ortiz relató que el martes acudió a la sede central del IPS alrededor de las 05:00 para realizar diligencias investigativas.

Según explicó, una persona se acercó para preguntarle qué hacía en el lugar. Aunque no reveló que era fiscal, su presencia llamó la atención.

«Vieron que me fui trajeado y habrían dicho o que soy ujier notificador o fiscal. Ya vinieron una legión de abogados a revisarnos», comentó.

El representante del Ministerio Público aclaró que la presencia de los abogados no constituyó un intento de intimidación, aunque consideró que ese episodio evidenció que la investigación ya era conocida dentro del entorno institucional.

¿Dónde se produjeron las filtraciones?

El fiscal fue enfático al señalar que, a su criterio, las filtraciones no provinieron del Ministerio Público.

Sostuvo que la información habría circulado dentro del entorno del IPS, lo que terminó afectando la estrategia investigativa.

«Si hubiese habido filtraciones de la Fiscalía, entonces no hubiese habido imputación. Llegó al estado de la imputación fiscal porque no hubo filtración allí», aseguró.

Ortiz añadió que el riesgo de nuevas filtraciones incluso podía derivar en una eventual recusación, motivo por el cual optó por avanzar inmediatamente con la imputación.

¿Quiénes fueron imputados en la causa?

La investigación corresponde a la causa N.° 3397/2024, caratulada «Hugo Enrique Aranda y otros s/ Lesión de Confianza».

Entre los principales imputados figuran los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros exfuncionarios presuntamente vinculados a la contratación de los quirófanos modulares.

La Fiscalía sostiene que, pese a que la empresa adjudicada incumplía el contrato, la administración continuó aprobando adendas y ampliaciones de plazo, permitiendo desembolsos millonarios sin que las obras fueran ejecutadas.

¿Qué impacto tiene este caso para la gestión del IPS?

La investigación se convirtió en uno de los expedientes de mayor relevancia sobre presuntas irregularidades administrativas dentro del Instituto de Previsión Social, debido al monto del supuesto perjuicio económico y al nivel de las exautoridades involucradas.

El avance de la causa también reabre el debate sobre los mecanismos de control en las contrataciones públicas, la supervisión del Consejo de Administración y la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad social.

Mientras continúan las diligencias, la Fiscalía no descarta ampliar la investigación si surgen nuevos elementos que permitan determinar la eventual participación de otros funcionarios o autoridades en el presunto esquema de desvío de fondos.