Ayer citábamos al presidente de la empresa de servicios sanitarios, Natalicio Chase, informando que en San Bernardino fueron detectadas unas 1.000 conexiones clandestinas de agua potable, algunas de ellas, en residencias de gran porte dotadas de piscina y espaciosos jardines.
Tenemos una frase para el Sr. Presidente: “Chocolate por la noticia”, que no es buena, requisito que durante la Colonia española debía reunir cualquier informe para merecer el premio de una taza de chocolate.
Las conexiones directas de agua son un clásico en la administración de la antigua CORPOSANA heredada por la actual ESSAP. En idéntico raid punitivo se halla el colega de Chase, el presidente de ANDE, que ya ha descubierto unos cuantos usuarios colgados de la red no sólo en ciudades del interior sino de la propia capital.
La diferencia entre una y otra prestadora estatal es que mientras ANDE sabe cuánta energía pierde por año, ESSAP no lo reporta, al menos oficialmente. Lo de ANDE es alucinante. Según su memoria de 2018, ese año la empresa perdió, entre transmisión y distribución, el 24,5% de su principal activo, la energía que generan Itaipú, Yacyretá y Acaray.
Es sabido que gran parte de esa pérdida obedece a una cantidad de variables determinadas por la distancia que salvan las líneas de transmisión, el tipo de materiales empleados, su grado de conductividad y factores mucho más complejos.
Pero en el caso de la ANDE, las pérdidas mayores se centran en la red de distribución, también sometidas a variables similares pero sobre las que cae un factor extra: las conexiones ilegales, que en el balance de la empresa correspondiente a 2018 alcanzaron a todo el país con un total de al menos 3.000 irregularidades, cantidad muy pequeña para una empresa que servía ese año a 1.421.167 clientes.
El robo de agua y energía son delitos que no deben quedar impunes y que alcanzan el grado de felonía mayor cuando es perpetrado por personas de solvencia económica, los “colgados” mayores sobre quienes debe caer todo el peso de la ley. En cuanto a los “colgados” menores, tal conducta tampoco se justifica desde el momento en que las dos prestadoras tienen planes sociales que garantizan su acceso a dos servicios básicos imprescindibles.
Por una u otra razón, ANDE y ESSAP sufren, cada año, una considerable erosión patrimonial.
