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Envían al archivo proyecto que exonera cuotas de colegios privados

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La Cámara de Diputados envió al archivo el proyecto de ley que planteaba el descuento del 50% de las cuotas escolares en las instituciones privadas. En contrapartida aprobaron un documento de declaración que insta al Ministerio de Educación a crear una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar mecanismos de solución al conflicto. 

Cabe mencionar que existían dos proyectos que buscaban la reducción en los pagos, que al final fueron unificados pero se mantuvo en que el descuento sea del 50% en las cuotas escolares. Con ello habían eliminado la creación de un fondo de apoyo a las instituciones educativas privadas que cuenten con déficit financiero. Pese a esto, la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los diputados. 

No obstante, el proyectista Hugo Ramírez (ANR) ni bien culminó el tratamiento del documento, anunció que presentó otro proyecto en el que se establece que el incumplimiento en el pago de las cuotas mensuales en todo los niveles educativos de las instituciones privadas y subvencionadas no sea causal de la pérdida de matriculación hasta el mes de diciembre de este año, siempre y cuando se abone el menos el 50% de la cuota mensual.

Así también que las sumas que queden pendientes serán prorrateadas y agregadas al valor de la cuota mensual por un plazo de 12 a 18 meses, a partir de enero del 2021.

DOCUMENTO APROBADO

La Cámara Alta aprobó el proyecto que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación a conformar una mesa de multisectorial a fin de conferir acuerdos para superar los efectos de la pandemia en el ámbito educativo.

Así también, exhorta a los colegios privados a una reducción del porcentaje de sus cuotas durante los meses comprendidos de cuarentena, mientras sigan cumpliendo con sus obligaciones laborales y busquen instaurar negociaciones con los padres.

Cabe mencionar que desde que se presentó la iniciativa tuvo varios rechazos de diferentes sectores: primeramente los docentes habían anunciado sus posturas en contra del proyecto al igual que la Unión Industrial Paraguaya (UIP) que lo calificó como «el inicio del retroceso económico», ya que según los industriales la medida solo impulsaría el desempleo docente.