A ningún político –sobre todo si está en el ejercicio del poder y aspira a permanecer en él- le gusta “enterrar inversiones”. Este es un clásico sobre todo en la gestión de un gobierno local. A los municipios les corresponde construir, operar y mantener servicios básicos como desagüe pluvial, recolección y disposición de desperdicios, barrido, limpieza y construcción de pavimento. Las cloacas corren por cuenta del ente de servicios sanitarios que sin embargo debe actuar en coordinación con la administración municipal para sacar adelante una obra que sirva realmente a los residentes de la ciudad.
Entre desagües pluviales y alcantarillado sanitario, Asunción y conurbano tiene una de las peores coberturas del continente para un área metropolitana. Ni hablar a nivel nacional. Como ambos servicios, más el de agua potable, siguen siendo monopolios del Estado, eso explica la miseria que vivimos en los tres aspectos: agua, cloacas y desagües pluviales.
Veamos un ejemplo cercano de cómo se hacen las cosas. Chile tenía todos esos servicios como “monopolio natural” hasta 1998. En 2013, privatizados todos los sistemas, Chile disponía de 39.276 kilómetros de redes de agua potable, 31.504 kilómetros de alcantarillado sanitario, 15.500.000 de habitantes abastecidos sobre un total de 18 millones. Con 57 empresas sanitarias, 320 servicios de agua potable y 270 plantas de tratamiento de aguas servidas, Chile –vaya una novedad- es uno de los países del continente que presenta el mejor perfil sanitario según el último informe de la CEPAL.
Aquí, después de décadas de formular proyectos, pagar estudios de factibilidad técnica, económica y social, docenas de asesorías del BID, del BIRF, de FONPLATA y hasta de la vetusta y desaparecida Alianza para el Progreso, de formar comisiones de análisis y promulgar leyes y ordenanzas, no hemos podido terminar aún una sola planta de tratamiento de agua residuales, mientras la única empresa de agua –estatal- es incapaz de colocar caños maestros sin que revienten como geiseres día de por medio.
2021 será el año de las elecciones municipales. Todos los aspirantes a intendentes o concejales andarán muy ocupados arreando votantes y maniobrando para asaltar el poder en 259 municipios. No habrá tiempo para formular proyectos o prometer obras, mucho menos, las que se sepultan bajo tierra.
