Mientras mantenemos un cuerpo a cuerpo contra el coronavirus, con saldo de muertos, heridos y contusos, hay otra lucha que subyace bajo la superficie aparentemente en calma: la batalla por sostener y fortalecer las instituciones republicanas.
La urgencia por frenar la expansión de la epidemia de COVID19 nos ha obligado a ser expeditivos y a tomar atajos jamás imaginados. Cerrar el país, recluir a sus pobladores, prohibir actividades colectivas y congelar procesos comerciales, industriales y de servicios es algo que ni habríamos soñado hacer en otras circunstancias. Sólo el miedo directo a la muerte pudo hacernos bajar los brazos y confiar en que quienes nos gobiernan hagan uso prudente y limitado del enorme poder que hemos puesto en sus manos.
Imaginemos que, en circunstancias normales, alguien llevara al Congreso un proyecto de ley para regular el movimiento de personas limitándolo a actividades esenciales y que para transitar se debería gestionar una autorización oficial. Las discusiones en ambas cámaras adquirirían proporciones bíblicas. Se escucharían altisonantes calificativos de castrochavismo, fascismo, estado policíaco cercenador de libertades, etc.
Se podrá aducir que este es un ejemplo irreal y que lo que hacemos es propio de un estado de emergencia. Correcto. Pero por muy excepcional y momentáneo que sea dicho estado, no debiéramos bajar demasiado la guardia ni confiar más allá de lo prudente. Ya sea por dos meses, o tres, o seis, el poder que se le reconoce al Presidente de la República debe ser monitoreado para no correr aquel peligro del que hablaba Lord Acton al afirmar que “el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Tal vez sea este un enfoque extremo. Pero no olvidemos que, como pueblo, hemos vivido mucho más tiempo regidos por monarquías absolutas y prolongadas dictaduras que bajo gobiernos democráticos y en el imperio de la libertad y la autodeterminación.
Debemos asegurarnos que no corra, en forma paralela al virus chino, otro virus tan o más peligroso, el que ataca las bases mismas de la República por falta de una correcta vigilancia que asegure la vigencia del estado constitucional que tanta sangre nos ha costado ganar.
