La Cámara de Diputados rechazó por segunda vez el proyecto de Ley que tenía como fin castigar con hasta dos años de cárcel a funcionarios públicos que no respondan pedidos de informes del Congreso Nacional, planteando la figura del desacato legislativo.
La Cámara de Diputados había ratificado hace dos semanas atrás no castigar penalmente la no contestación de pedidos de informes del Congreso Nacional, ya que lo consideran como una medida muy severa y desproporcionada.
Por lo tanto, Jorge Avalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación y Rocío Vallejo, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, replicaron por el rechazo de este proyecto que proponía establecer la figura de “desacato legislativo” y castigar la no contestación de pedidos de informes con hasta dos años de prisión o multa.
Asimismo, Rocío Vallejo recordó que hace unas semanas atrás han tratado en tercera vuelta un proyecto similar, donde también planteaban el castigo penal al desacato o la falta de respuesta a informes.
Por otro lado, el diputado Rodrigo Blanco solicitó de vuelta a comisiones para buscar una alternativa, porque considera un problema real y recurrente que ministros, intendentes, gobernadores y otros funcionarios públicos ignoran los requerimientos de información del legislativo.
No obstante, el pedido de postergación tenía como fin buscar otras alternativas de castigo, pero finalmente se terminó dando el rechazo.
