La Cámara de Diputados decidió postergar por ocho días el tratamiento del veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley que cancela y anula las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap.
El diputado Basilio Núñez (ANR) -sobre tablas- fue quien solicitó la postergación del tratamiento del documento, argumentando que se debe analizar mejor ya que aún desconocen la repercusión en millones de dólares que la Ley implicaría en caso de que se rechace el veto.
En total 30 legisladores de la Cámara Baja votaron por la postergación, mientras que 21 lo hicieron porque se analizará en la sesión de ayer. Cabe recordar que el veto parcial del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya fue rechazado la semana pasada por la Cámara de Senadores, con una mayoría opositora y el apoyo del cartismo.
Es este punto es importante mencionar que para que la ley pueda entrar en vigencia, los diputados deben votar en el mismo sentido que los de la Cámara Alta, si aceptan la objeción del jefe de Estado el documento se archiva y queda sin efecto.
Durante la discusión sobre si se postergaría o se analizaría el veto del Ejecutivo, la parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA) se opuso al planteamiento de su colega Núñez, señalando que no existe un motivo valedero para postergar.
“Esto ya viene del Senado, la ciudadanía está esperando, yo me opongo, que se trate en la fecha, postergar es darle tiempo al presidente Mario Abdo Benítez a que cambie voluntades”, dijo.
Sin embargo, la mayoría de los presentes de la sesión votaron por la postergación del estudio del documento.
PROYECTO
Cabe recordar que el proyecto de ley contempla la anulación de las facturas emitidas por la Ande y Essap durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y establece la exoneración de hasta 1.000 kwh de consumo.
Así también, prohíbe a la mencionadas instituciones emitir facturas sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor del usuario, siendo responsable administrativo, civil y penalmente la institución y las máximas autoridades de cada institución por los daños que pudiera ocasionar la contravención a esta norma.
Además estipula que los pagos de facturas ya realizados con anterioridad a la presente Ley serán descontados automáticamente de las facturas emitidas posteriormente.
DESCALCE FINANCIERO
El presidente de la Ande, Luis Villordo, había manifestado que la institución a su cargo “sufrirá un descalce financiero muy grande” si avanza la ley que cancela y anula las facturas del consumo de energía eléctrica.
Había detallado que la ley conlleva volver a refacturar los US$ 227 millones que fueron facturados y que para hacer frente a esta situación se requerirían US$ 300 millones, monto que la institución no dispone.
En el caso de la Essap, su presidente Natalicio Chase, había comentado que la entidad no está en condiciones de asumir el costo de lo que implicaría cancelar facturas emitidas.
Aseguró que la institución a su cargo necesitaría un poco más de G. 90.000 millones y que el recupero de ese monto recién se daría en 18 meses.
