Mientras continúan apareciendo más denuncias de tortura en la Academia Militar “Mariscal Francisco Solano López” (Academil), la abogada Diana Vargas señaló que el “denominador común” entre todos los hechos es la “reacción coorporativa” a la hora de encubrir las prácticas violentas y la negación a colaborar con la investigación.
“La cultura institucional que entre otras cosas reacciona justamente con un espíritu de encubrimiento, incluso de parte de los altos jefes, que no tienen una participación directa, pero responden a esa lógica imperante. Así ha sido en todos los otros casos que tomaron estado público, como los que llegaron a instancias internacionales”, señaló.
En este sentido, la especialista en Derechos Humanos recordó la condena que recibió en el 2020 el Estado Paraguayo, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no aclarar las circunstancias de la muerte del joven Vicente Noguera (17 años) en un establecimiento militar.
“El Estado fue condenado en reiteradas ocasiones por, además de haber generado condiciones para que muchos de estos adolescentes y jóvenes mueran bajo custodia del Estado, no tuvieron diligencia de investigación. Actualmente, persisten muchos de estos condimentos de encubrimiento y negación a la hora de colaborar en las investigaciones. El Ministerio Público tampoco hizo su labor en ninguno de los casos”, sostuvo.
Así, Vargas lamentó la tardía aparición de las instituciones estatales para prevenir casos de tortura e ir caracterizando cómo se está manejando un régimen en el contexto de encierro.
“Hay que mirar en clave de prevención e insistir en los órganos que tienen ese mandato. Estas instituciones deben hacer su trabajo y actuar solamente cuando hay denuncias, porque en ese momento el daño ya está hecho y difícilmente cambien las cosas”, expresó.
NO HABRÁ IMPUTADOS
En relación al nulo avance de la investigación de los recientes hechos de tortura registrados en el Academil, Vargas recalcó que hasta la fecha no se imputó a nadie y que tampoco se realizará este procedimiento en un futuro cercano debido a la prevalencia del régimen que protege a las prácticas autoritarias.
“Si realizan las imputaciones, lo harán con uno o dos involucrados, que generalmente son chivos expiatorios, pese a que el problema es el régimen. Los casos en realidad se enmarcan en un contexto más amplio, donde el propio régimen está minado de precariedades. No nos quedemos solo en el relato del joven sobre la obligación de permanecer en ‘trípode’. Estas, lastimosamente, son prácticas cotidianas”, relató.
Asimismo, la abogada cuestionó la normalización de las prácticas de tortura, que son encubiertas por la “cultura institucional”.“Se deben aplicar medidas de fondo, que impliquen la democratización de la fuerza, que rija el Estado de Derecho y que se implementen valores democráticos”, afirmó.
Finalmente, la profesional especializada en Derechos Humanos recalcó la necesidad de la presencia “fuerte y sostenida” de los órganos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura a fin de incidir en el régimen.
“Si no se ataca esta cultura institucional son pocos los casos que pueden llegar a saltar y los hechos recientes no son ni siquiera el 1% de lo que ocurre durante la rutina diaria”, concluyó.
