De acuerdo al ministerio Público y al abogado de la querella adhesiva, Guillermo Duarte Cacavelo, los representantes legales de Tamara Serrati y Alejandro Pozzo -altos ejecutivos de la multinacional Cargill en Paraguay- vienen presentando una serie de incidentes procesales de manera que la resolución de la causa por presunta estafa por más de US$ 650 mil en perjuicio de la empresa de logística granelera, La Paraguaya no avance.
Desde la Fiscalía sostienen la imputación base a que Cargill no puede sostener documentalmente el no pago del contrato pautado con la granelera paraguaya. Agregaron que se están aprovechando de “artimañas legales”, para dilatar el proceso.
En esta misma línea habló el abogado de La Paraguaya Express, Guillermo Cacavelos quien pide al juzgado que rechace los recursos y que se impongan medidas cautelares. El caso se encuentra en el Juzgado de Garantías N.º 10 a cargo de Mirko Valinotti.
Por su parte, desde el departamento de comunicaciones corporativas de Cargill, señalaron en reiteradas ocasiones que hablaran del caso oficialmente hasta que se resuelva en el ámbito penal. Tampoco Serratti ni Pozo atendieron a la prensa.
El caso
El ministerio Público encontró elementos suficientes para formular imputación a Tamara Serrati, apoderada de Cargill en nuestro país, Alejandro Pozzo, encargado del área comercial de la misma compañía y Celio Ortíz, de la firma Ágape.
Se trata de una causa denunciada por la empresa de agronegocios La Paraguaya Express que entregó cargamentos de soja a la multinacional Cargill a través de una operación con otra empresa, es este caso Agape, que pese a estar quebrada seguía operando en un esquema comercial llamativo con Cargill.
Ejecutivos de La Paraguaya Express, habían acercado copias de contrato y otros documentos supuestamente incumplidos por parte de la multinacional Cargill y que guardan relación con la entrega de granos.
La Paraguaya Express trabaja con el rubro transporte de soja y había recibido un pedido de otra empresa acopiado AGAPE por alrededor de 650 mil dólares. Supuestamente La Paraguaya analizó la situación crediticia de Ágape para respaldar la operación ya que no estaba en condiciones. Esa garantía fue un documento de mandato de pago expedido desde Cargill, explicó la fiscala Elena Fiore en su momento.
