Tragicómica situación se dio a conocer el día de ayer luego de que el juez penal de Garantías, Amilcar Marecos, prohibiese en Ciudad del Este a los manifestantes o «escrachadores», como los citó en la Resolución del 11 de octubre, a que se acerquen al predio del Poder Judicial de la zona y, circulen a no menos de 300 metros de la residencia de los magistrados que liberaron a un expolicía condenado por abuso infantil.
La Justicia, contradictoria una vez más, niega la libre expresión y priva a ciudadanos de manifestarse en su total derecho bajo los ojos de la Ley (teniendo que ser esta de forma pacífica), atentando contra los Artículos 26 y 32 de la Carta Magna.
Hace casi un mes, el 16 de setiembre, el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este revocó de forma parcial una sentencia de primera instancia y dispuso que un expolicía, con condena de 10 años, salga de prisión. Los magistrados alegaron que el procesado ya había cumplido la pena mínima prevista para abuso y que, la condena aún no se encontraba firme.
Los camaristas Aniceto Amarilla, Miryan Meza e Isidro López, amén de la orden de «prohibición de escrache», cuentan con custodia policial en sus respectivas residencias. Según medios nacionales, el documento firmado por Marecos fue emitido en el marco de un hábeas corpus genérico impulsado por los magistrados.
Familiares de la víctima ya se habían movilizado anteriormente para rechazar la liberación del exagente policial.
